La Fiscalía Europea ha ordenado una investigación exhaustiva del patrimonio de Conrado Domínguez y Ana María Pérez, exdirectivos del Servicio Canario de la Salud (SCS), en el marco del caso Mascarillas. El decreto, fechado el 29 de mayo de 2026, exige rastrear cuentas bancarias, bienes inmuebles y flujos financieros vinculados al contrato con RR7 United. La trazabilidad del dinero es clave, especialmente por la posible implicación de fondos europeos.
¿Por qué la Fiscalía Europea asumió la investigación del caso Mascarillas?
La Fiscalía Europea intervino en 2022 al identificar indicios de uso indebido de fondos comunitarios en el contrato de adquisición de mascarillas. El acuerdo con RR7 United, valorado en más de 12 millones de euros, se ejecutó en plena emergencia sanitaria. Las fiscales Oihana Azcue Labayen y Yoshiko Kondo Pérez argumentaron que la naturaleza transfronteriza y la participación de recursos UE justificaban su competencia directa.
El rol de los fondos europeos en la investigación
El contrato fue financiado parcialmente con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Eso activó la jurisdicción de la Fiscalía Europea bajo el Reglamento (UE) 2017/1939. Cualquier irregularidad en la gestión de esos fondos implica responsabilidad penal transnacional.
¿Qué reveló la primera averiguación patrimonial de 2022?
En julio de 2022, el juez Francisco Javier García García-Sotoca ya ordenó una primera investigación patrimonial. Se analizaron rendimientos tributarios, vida laboral, vehículos, inmuebles y cuentas bancarias. En el caso de Domínguez, se detectó copropiedad de un inmueble en Gran Canaria. Sin embargo, esa primera fase no incluyó un análisis detallado de movimientos bancarios ni de terceros vinculados.
Diferencias entre la investigación nacional y la europea
La UDEF ahora actúa bajo mandato europeo. Sus facultades incluyen acceso directo a registros financieros transfronterizos y cooperación con autoridades de otros Estados miembros. La investigación nacional se centró en hechos locales. La europea abarca cadena de pagos, subcontrataciones y beneficiarios finales.
¿Qué implica la orden de trazabilidad del dinero para los investigados?
La trazabilidad exige reconstruir cada euro transferido desde el SCS hasta RR7 United y sus socios. Esto incluye comisiones, pagos a intermediarios y movimientos entre cuentas offshore. La Fiscalía busca identificar operaciones sospechosas de blanqueo, conflictos de interés y falta de transparencia en la adjudicación.
El papel del intermediario jordano
Un ciudadano jordano fue detenido en 2024 por actuar como enlace entre RR7 y el SCS. Su participación evidencia una estructura de intermediación que dificulta la identificación de beneficiarios reales. Esa complejidad refuerza la necesidad de rastrear el flujo financiero completo.
¿Cuál es el impacto económico y legal del caso Mascarillas en Canarias?
El caso ha generado una crisis de confianza en la gestión pública sanitaria. Además del daño reputacional, hay riesgo de reclamación de fondos europeos por parte de la Comisión Europea. Si se confirma mala gestión, Canarias podría enfrentar sanciones financieras y pérdida de acceso a futuras ayudas del MRR.
Marco legal aplicable
La investigación se sustenta en tres normas clave: el Reglamento UE 2017/1939 (Fiscalía Europea), la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal español y la Directiva 2018/1805 sobre cooperación judicial. Cualquier condena podría incluir inhabilitación absoluta y multas proporcionalmente altas.
Datos Clave
- La Fiscalía Europea asumió el caso en 2022 por posible uso de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- El contrato con RR7 United ascendió a más de 12 millones de euros, adjudicado sin concurso público.
- Domínguez y Pérez fueron investigados desde 2023, pero su patrimonio no fue analizado en profundidad hasta la orden de mayo de 2026.
- La UDEF debe rastrear cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y movimientos financieros transfronterizos.
- Un intermediario jordano fue detenido por su papel en la cadena de pagos.
- El caso pone en evidencia fallos en los controles de transparencia administrativa y gestión de fondos europeos.
El caso Mascarillas no es solo un asunto local. Es un litmus test para la integridad de los mecanismos de control del gasto público en la UE. La trazabilidad del dinero no es un trámite técnico. Es la base para garantizar que los fondos destinados a la salud pública no alimenten redes de corrupción. La investigación actual marca un precedente para futuras actuaciones en otras comunidades autónomas.
