El Gobierno de Canarias intensifica las inspecciones a gasolineras ante la escalada estacional de riesgo de incendios forestales, especialmente en zonas de interfaz urbano-forestal. Estas revisiones no son meramente administrativas: detectan fallos en almacenamiento, fugas de combustible, sistemas de extinción obsoletos y falta de protocolos ante emergencias. La temporada alta turística y las altas temperaturas de junio a septiembre multiplican la exposición de infraestructuras energéticas a eventos extremos.
¿Por qué las gasolineras son un foco crítico de riesgo en Canarias?
Las islas presentan una geografía única: pendientes pronunciadas, vegetación altamente inflamable y vientos fuertes como los alisios. Una fuga de gasolina o diésel cerca de zonas arboladas puede convertirse en un punto de ignición en segundos. Además, muchas estaciones están ubicadas en áreas de transición entre núcleos urbanos y monte, lo que amplifica el impacto potencial de un siniestro.
Falta de actualización en normativa técnica
Varias gasolineras operan con instalaciones anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 244/2019, que actualizó los requisitos de seguridad para instalaciones de almacenamiento y distribución de carburantes. El incumplimiento de sus artículos —como la ausencia de sistemas de detección de fugas o la falta de barreras ignífugas— se ha identificado en más del 32 % de las inspecciones realizadas en 2025.
¿Qué exige la normativa actual para prevenir incendios en estaciones de servicio?
El marco legal se articula en tres niveles: estatal, autonómico y europeo. El Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (RIP) y la Ley 3/2022 de Prevención de Incendios Forestales imponen obligaciones específicas. En Canarias, la Ley 10/2023 de Protección Civil y Emergencias refuerza la coordinación entre el Gobierno autónomo y los ayuntamientos.
Responsabilidad compartida entre operadores y administraciones
Los titulares de las estaciones deben garantizar la revisión anual de equipos de extinción portátiles, la señalización clara de zonas peligrosas y la formación obligatoria del personal en protocolos de evacuación y contención. Por su parte, la Dirección General de Industria y Energía de Canarias ejecuta controles aleatorios y sanciona infracciones graves con multas de hasta 600.000 euros.
¿Cuál es el impacto económico de una inspección deficiente?
Un incendio en una gasolinera no solo pone en peligro vidas: genera pérdidas directas de hasta 2,3 millones de euros por siniestro, según datos del Consorcio de Compensación de Seguros. Además, el cierre temporal afecta al suministro regional y desencadena costes indirectos: caída del turismo local, interrupción de rutas logísticas y degradación del suelo por contaminación por hidrocarburos.
Inversión insuficiente en prevención
Solo el 41 % de las 1.287 gasolineras registradas en Canarias ha invertido en tecnologías de monitoreo remoto de tanques subterráneos desde 2023. Esto contrasta con el 78 % de las estaciones en la Península que ya cuentan con sensores de presión y temperatura en tiempo real.
¿Cómo se articula la inspección con la estrategia canaria contra incendios forestales?
La inspección forma parte del Plan Canario de Prevención de Incendios Forestales 2025–2030, que integra la gestión del riesgo industrial dentro del eje de “prevención en interfaz urbano-forestal”. Se han establecido 14 puntos críticos prioritarios —como las zonas de Arico (Tenerife) y Agüimes (Gran Canaria)— donde se concentran inspecciones trimestrales y simulacros conjuntos con bomberos y agentes forestales.
Datos Clave
- Más del 32 % de las gasolineras inspeccionadas en 2025 presentaban deficiencias en sistemas de detección de fugas.
- El 59 % de los incendios forestales en Canarias con origen cercano a infraestructuras energéticas se producen entre julio y septiembre.
- Las multas por incumplimiento grave de la normativa pueden alcanzar los 600.000 euros.
- Solo el 41 % de las estaciones ha adoptado monitoreo remoto de tanques subterráneos desde 2023.
- El Plan Canario 2025–2030 identifica 14 puntos críticos prioritarios para inspección reforzada.
El riesgo no es hipotético: en julio de 2025, una fuga no detectada en una estación de Fuerteventura provocó un incendio que afectó 8,2 hectáreas de monte bajo. El incidente evidenció la necesidad de vincular la vigilancia industrial con la estrategia climática regional. La inspección ya no es una tarea técnica aislada: es un eslabón esencial en la cadena de resiliencia ante el cambio climático.
