Canarias mantiene 2.700 menores migrantes no acompañados, más del triple de su capacidad ordinaria (737 plazas). El Gobierno regional rechaza el levantamiento de la contingencia migratoria extraordinaria, calificándolo de irresponsable y poco solidario. La medida sigue vigente hasta que el número de menores baje a 2.200. Sin un sistema equilibrado de redistribución, la carga recae desproporcionadamente en las islas.
¿Qué implica levantar la contingencia migratoria para menores en Canarias?
Levantar la contingencia migratoria extraordinaria supondría retirar el marco legal que permite la redistribución forzosa de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas. Sin él, Canarias quedaría obligada a gestionar sola la acogida de 2.700 menores, pese a carecer de infraestructura, personal y recursos suficientes.
El sistema ordinario no contempla esta sobrecarga. La ley exige equidad territorial, pero 11 comunidades autónomas aún no han alcanzado su cupo ordinario. Eso agrava la injusticia estructural.
¿Por qué Canarias se opone al fin de la contingencia?
La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, subrayó que el archipiélago sigue bajo presión extrema. No basta con una «descongestión relativa»: el dato real es 2.700 menores, no 2.200. El cambio en el artículo 35 de la Ley de Extranjería no resolvió la raíz del problema: la falta de compromiso real de otras CCAA.
Además, la redistribución actual es voluntaria y muy limitada. Sin el mecanismo de contingencia, desaparece la obligatoriedad. Eso rompe el principio de solidaridad interterritorial, clave en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
¿Cuál es el marco legal y económico real?
La contingencia migratoria extraordinaria se activa bajo el Real Decreto 114/2022 y se sustenta en el artículo 23.2 del Estatuto de los Extranjeros. Su fin requiere no solo cifras, sino garantías reales de redistribución efectiva.
Económicamente, Canarias asume costes adicionales de 18,7 millones de euros anuales por la sobrecarga. El Fondo de Compensación Interterritorial no cubre ni el 30 % de ese gasto. El déficit de financiación afecta directamente a la calidad de la acogida: 42 % de los centros superan su capacidad técnica y 1 de cada 3 menores carece de tutor legal asignado.
Datos Clave
- Canarias acoge 2.700 menores migrantes no acompañados, frente a una capacidad ordinaria de 737 plazas.
- El decreto establece que la contingencia se mantiene hasta alcanzar 2.200 menores.
- 11 comunidades autónomas no han cumplido su cupo ordinario de acogida.
- El coste anual extra para Canarias supera los 18,7 millones de euros.
- Solo el 28 % de los recursos necesarios provienen de fondos estatales o europeos.
¿Qué pasa si se elimina sin alternativas reales?
Eliminar la contingencia sin un sistema vinculante de redistribución agravaría la sobrecarga institucional, la vulnerabilidad de los menores y la desigualdad territorial. Ya hay 14 centros en situación de alerta por saturación. La falta de tutela legal afecta el acceso a educación, salud y justicia. Además, la ausencia de coordinación interautonómica fomenta la inseguridad jurídica y la litigiosidad.
El Gobierno canario no solo critica: prepara recursos legales y técnicos para exigir cumplimiento del marco de solidaridad. La presión migratoria no es cíclica, es estructural. Y su gestión exige compromiso real, no anuncios.
