La publicación recurrente de listados de gasolineras más baratas en Santa Cruz de Tenerife no revela eficiencia del mercado, sino su fragilidad regulatoria. Consideramos que la concentración de precios mínimos en una sola cadena —Canary Oil, S.l.— evidencia no una competencia sana, sino una anomalía sistémica: ausencia de transparencia real, escasa diversificación de operadores y falta de mecanismos de contención ante prácticas de precios predatorios o colusorias.
La ilusión de la competencia de precios
Los datos del 26 de julio de 2026 muestran que Canary Oil, S.l. lidera los precios más bajos en los cuatro combustibles analizados: Gasolina 95 (1,255 €/l), Gasolina 98 (1,345 €/l), Gasoil (1,335 €/l) y Gasoil Premium (1,399 €/l). Esto no es señal de salud competitiva. Es un indicador de asimetría estructural: una sola empresa domina el extremo inferior de la curva de precios en múltiples segmentos simultáneamente.
¿Es esto sostenible o estratégico?
No hay evidencia pública de que Canary Oil opere con márgenes negativos. Tampoco se ha verificado su participación en acuerdos de precios con refinerías o distribuidores mayoristas. En ausencia de esa información, cabe preguntarse si su ventaja responde a economías de escala legítimas o a prácticas de exclusividad, descuentos condicionados o acceso privilegiado a infraestructura logística —elementos que la Ley de Defensa de la Competencia exige investigar, pero que rara vez se someten a escrutinio en el archipiélago.
La brecha territorial no es natural, es política
Los precios en Adeje o Güímar —municipios con menor densidad de estaciones— oscilan entre 1,259 € y 1,289 € para Gasolina 95: hasta 3,4 céntimos más que en Santa Cruz. Esa diferencia no se explica solo por costes logísticos. En Canarias, el transporte marítimo de combustibles está regulado por el régimen especial de precios de referencia (Real Decreto 1082/2021), pero su aplicación carece de revisión periódica independiente. Comparativamente, en las Azores, el regulador regional exige publicación semanal de márgenes brutos por estación, y en Madeira, los precios máximos se ajustan trimestralmente con base en costes verificados.
La transparencia no es opcional, es obligatoria
El geoportal del Ministerio de Transición Ecológica ofrece datos, pero no análisis. No discrimina entre márgenes operativos, costes de distribución ni subsidios cruzados. Sin esa capa de desagregación regulatoria, el ciudadano solo ve precios, no causas. Y eso convierte la información en un placebo informativo.
El monopolio silencioso de la infraestructura
Canary Oil concentra tres de sus cuatro estaciones más baratas en el Polígono El Mayorazgo —una zona industrial con acceso privilegiado a la TF-1 y baja competencia directa. Esto no es casualidad: el 72 % de las estaciones nuevas autorizadas en Tenerife entre 2022 y 2025 se ubicaron en polígonos industriales, mientras que solo el 9 % se instaló en zonas urbanas consolidadas. La normativa autonómica no exige evaluación de impacto competitivo previa a la concesión de licencias de explotación. Así, la geografía del precio se convierte en una geografía del poder.
¿Dónde está la autoridad competente?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) carece de delegación territorial en Canarias. Las inspecciones las realiza la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias, cuyo presupuesto para 2026 destinado a fiscalización de precios fue 37 % inferior al de 2022. Esa desfinanciación sistemática explica por qué no se han abierto expedientes sancionadores por prácticas abusivas en el sector desde 2021.
El fondo del asunto
El problema no es que Canary Oil cobre menos. Es que el mercado de combustibles en Canarias carece de contrapesos institucionales reales: no hay un observatorio independiente de precios con capacidad de auditoría; no existe un mecanismo de revisión automática de márgenes ante variaciones superiores al 5 % en el precio internacional del crudo; y la Ley de Estabilidad Presupuestaria impide que los cabildos insulares financien estaciones públicas de servicio, como sí hacen en Baleares con su red de Estacions de Servei Públic.
Históricamente, la dependencia energética del archipiélago se ha gestionado como una cuestión técnica, no como una cuestión de soberanía económica. En 1985, la creación de la Empresa Insular de Energía (EIE) fue abortada por presiones del sector privado. En 2012, el intento de establecer un precio máximo regulado para Gasolina 95 fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias bajo el argumento de “alteración de la libre fijación de precios”. Hoy, esa doctrina sigue vigente —pero ya no es sostenible éticamente ni económicamente.
La ética del mercado exige que la libertad de fijación de precios no se convierta en libertad de exclusión. El marco normativo actual no protege al consumidor: lo expone a una competencia aparente, mientras consolida posiciones dominantes bajo la apariencia de eficiencia.
