La unidad nacionalista no es una estrategia electoral transitoria ni un mero ejercicio de pragmatismo. Es la condición estructural para que Canarias ejerza una soberanía política real frente al Estado central y frente a las lógicas partidarias que subordinan los intereses insulares a agendas continentales.
La estabilidad del pacto cuatripartito revela una nueva arquitectura de poder
El Gobierno de coalición entre Coalición Canaria, PP, ASG y la Agrupación Herreña Independiente no es un arreglo circunstancial. Es la primera vez que una alianza con tres fuerzas nacionalistas —CC, ASG y AHI— opera con plena capacidad ejecutiva junto a un partido estatal. Esa configuración no se sostiene por concesiones tácticas, sino por una convergencia en prioridades insulares no negociables: financiación autonómica justa, gestión migratoria con criterio territorial, y autonomía real en salud y emergencias.
El hantavirus y los incendios demostraron que la gobernabilidad insular exige consenso previo
Cuando el Gobierno tuvo que responder a la crisis del hantavirus en 2024 o a los incendios de La Palma y Tenerife, no hubo tiempo para negociaciones post facto. Las decisiones se tomaron con base en acuerdos previos sobre competencias, recursos y protocolos. Esa capacidad de reacción inmediata no nace de la coincidencia ideológica, sino de la institucionalización de la concertación nacionalista.
La confluencia no es una opción: es la única vía para cuatro diputados efectivos en Madrid
Clavijo insiste en que Canarias necesita cuatro diputados en el Congreso. Pero cuatro escaños no garantizan influencia si no van articulados bajo una estrategia común de representación insular. En 2019, CC y NC sumaron 125.000 votos y obtuvieron solo tres diputados. En 2023, la confluencia con ASG y AHI permitió consolidar una bancada con peso real en comisiones clave: Hacienda, Sanidad y Transición Ecológica.
Comparativa con Baleares y Navarra muestra que la fragmentación nacionalista debilita
En Baleares, la dispersión entre Més, PSIB y El Pi diluyó su capacidad de bloquear reformas fiscales perjudiciales. En Navarra, el pacto entre Geroa Bai y EH Bildu permitió vetar la Ley de Costas en 2025. Canarias no puede permitirse el lujo de repetir el error de la dispersión: cuatro diputados sin disciplina de voto equivalen a cero influencia real.
La comisión de investigación sobre contratos sanitarios no es un obstáculo: es un termómetro de madurez institucional
La postura de ASG al votar el dictamen sobre los contratos sanitarios bajo la emergencia covid no revela fractura. Al contrario: confirma que los partidos nacionalistas asumen sus responsabilidades con transparencia y sin clientelismo. Mientras el PSOE canario se mantuvo en silencio institucional, ASG ejerció su rol de control con rigor técnico, no con venganza partidaria.
El marco ético exige rendición de cuentas sin estigmatización
El Código Ético de los Grupos Parlamentarios de Canarias exige que las comisiones de investigación se rijan por criterios técnicos, no por lealtades partidarias. La coherencia de ASG —y la de CC al respaldar el dictamen— refuerza la credibilidad del sistema autonómico. Eso no dificulta futuros acuerdos con el PSOE: lo que dificulta los acuerdos es la falta de credibilidad, no la exigencia de transparencia.
El fondo del asunto
La raíz del problema no está en las alianzas de 2027, sino en la estructura asimétrica del Estado de las Autonomías, que niega a las comunidades insulares y ultraperiféricas una representación proporcional a su complejidad territorial. Canarias tiene 1.700 km de extensión, siete islas con gobiernos insulares propios y una dependencia crítica de fondos europeos para la cohesión territorial. Sin embargo, su peso en el Senado es idéntico al de La Rioja, y su capacidad de veto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es nula. La unidad nacionalista es, entonces, una respuesta institucional a una discriminación constitucional no declarada, no una mera estrategia electoral. Históricamente, solo cuando CC y NC se alinearon en 1995 y 2007 lograron avances en el Estatuto de Autonomía. Hoy, esa alineación debe ir más allá del discurso: debe traducirse en una ley de coordinación interinsular vinculante, un fondo de estabilidad migratoria gestionado desde Santa Cruz y una reforma del sistema de financiación que reconozca el coste insular como variable objetiva, no como mero argumento retórico.
