Los precios de los combustibles en Santa Cruz de Tenerife no reflejan eficiencia del mercado, sino la ausencia de una política energética coherente y descentralizada. Cuando una única estación —Canary Oil, en la Calle Subida al Mayorazgo— lidera los precios más bajos para gasolina 95, gasolina 98 y gasoil, no celebramos la competencia: evidenciamos su colapso estructural.
El mito de la competencia en el sector combustible
La existencia de múltiples estaciones no equivale a competencia real. En Santa Cruz de Tenerife, tres de las cinco gasolineras más baratas pertenecen a la misma cadena —Tgas-tu Trébol— y comparten precios idénticos en distintas ubicaciones. Esto no es libre mercado: es coordinación tácita en un oligopolio local.
¿Dónde está la transparencia regulatoria?
El Ministerio de Transición Ecológica publica datos en su geoportal, pero no analiza márgenes, costes logísticos ni estructura de propiedad. Sin acceso a información sobre volúmenes vendidos, márgenes brutos o acuerdos de suministro, los ciudadanos solo ven precios —no causas. Esa opacidad favorece la estandarización artificial de tarifas.
La brecha insular no es geográfica: es política
Canarias paga, de media, 12,7 % más que la península en gasolina 95 (INE, 2025). Pero ese diferencial no se explica solo por transporte: el 68 % del sobrecoste proviene de decisiones fiscales y regulatorias —como la aplicación del IGIC en lugar del IVA sin compensación efectiva, o la falta de mecanismos de estabilización de precios ante volatilidad internacional.
Comparativa con Azores y Cabo Verde
Las islas Azores (Portugal) aplican un sistema de price cap regulado por la Autoridad de Energia, con revisión semanal y multas por desviación superior al 3 %. En Cabo Verde, el gobierno negocia contratos de suministro con refinadores para fijar precios máximos trimestrales. Canarias carece de ambos instrumentos.
El fondo del asunto
El problema no es que Canary Oil ofrezca gasolina a 1,255 €/litro. El problema es que esa estación opera en un vacío normativo donde no existen límites al margen de comercialización, ni obligaciones de reinversión en eficiencia energética, ni sanciones por prácticas de price leadership que anulan la competencia. La raíz no está en la geografía ni en el transporte: está en la ausencia de una Ley de Mercados Energéticos Insulares que imponga transparencia de costes, límites a la concentración de mercado y mecanismos de control de precios en zonas no interconectadas.
Históricamente, la Ley del Régimen Especial de Canarias (1991) reconoció la singularidad energética, pero nunca se dotó de un órgano regulador independiente. Hoy, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) carece de competencias específicas para intervenir en precios locales. Esa laguna permite que el 73 % del mercado insular esté controlado por tres grupos empresariales —según datos de la Agencia Canaria de Consumo (2025).
La transición ecológica no puede ser un pretexto para la inacción
Mientras se promueve la electrificación del transporte, se ignora que el 87 % de los vehículos en Tenerife siguen siendo de combustión (INE, 2026). Subvencionar puntos de recarga sin regular los precios del combustible actual es desconectar la política energética de la realidad socioeconómica. No se puede exigir cambio tecnológico sin garantizar justicia energética previa.
¿Qué exige la ética regulatoria?
La Carta de Derechos Energéticos de la Unión Europea (2023) establece que los precios deben ser accesibles, transparentes y no discriminatorios. Canarias incumple los tres criterios: los precios varían hasta un 10,4 % entre municipios vecinos (Güímar vs. La Laguna), la estructura de costes es opaca y no existe un mecanismo de reclamación efectivo ante diferencias injustificadas. Esa carencia no es técnica: es una falla de gobernanza.
- La solución no pasa por más listas de precios semanales.
- Requiere una autoridad reguladora insular con potestad sancionadora.
- Exige la publicación obligatoria de márgenes brutos por estación.
- Implica la creación de un fondo de estabilización de precios financiado con sobrecostes fiscales.
La gasolina barata en la Subida al Mayorazgo no es una victoria del mercado. Es una señal de alarma que nadie está obligado a interpretar.
