La muerte de Fabiola Mbulito, niña de 12 años ahogada en La Laja, no es un accidente aislado: es la expresión visible de una falta estructural de prevención, de una gestión deficiente del riesgo costero y de una ausencia sistemática de educación en seguridad acuática en la infancia canaria.
La seguridad acuática no es responsabilidad individual, sino colectiva
Cada verano, decenas de menores se acercan a zonas de baño no vigiladas, sin señalización clara ni información accesible sobre corrientes de retorno. En La Laja, el fenómeno de la corriente de retorno —uno de los más letales y menos comprendidos por la población— opera con frecuencia silenciosa. No basta con advertir: hay que instalar sistemas de alerta temprana, capacitar a socorristas locales y integrar la seguridad acuática en los currículos escolares.
El 78 % de los ahogamientos infantiles en Canarias ocurren en zonas no autorizadas
Según datos del Instituto Canario de Estadística (2025), el 78 % de los fallecimientos por ahogamiento en menores de 14 años se producen en playas sin servicio de salvamento. En Gran Canaria, solo el 32 % de las 127 playas naturales cuenta con vigilancia permanente en verano. La Laja no figura entre ellas.
La regulación costera sigue anclada en el siglo XX
La normativa vigente —el Decreto 132/2007, de ordenación del litoral— no exige evaluaciones de riesgo dinámico ni actualiza los criterios de peligrosidad tras eventos meteorológicos extremos. Mientras países como Portugal o Australia aplican protocolos de riesgo acuático en tiempo real, Canarias carece de una plataforma unificada de alertas costeras accesible para familias.
La Ley de Costas española ignora la aceleración del cambio climático
El aumento de la temperatura del mar (+0,8 °C en Canarias desde 2000) intensifica la formación de corrientes peligrosas y reduce la predictibilidad de los patrones de oleaje. Sin embargo, ni la Confederación Hidrográfica del Atlántico ni la Dirección General de Costas han actualizado sus mapas de peligrosidad costera desde 2018.
El silencio institucional tras la tragedia revela una cultura de impunidad preventiva
El Ayuntamiento de Las Palmas tardó 72 horas en emitir un comunicado técnico sobre La Laja. No se activó el protocolo de emergencia costera previsto en el Plan Insular de Protección Civil. Tampoco se convocó una comisión de investigación independiente, como exige la Ley 17/2015 de Protección Civil. En cambio, se priorizó la gestión de la imagen: comunicados genéricos, homenajes simbólicos y la apertura de expedientes sancionadores a empresas —como Canaricem— sin vinculación directa con la seguridad de los bañistas.
El precedente de Maspalomas (2019) fue ignorado
Tras el ahogamiento de un menor en Maspalomas bajo condiciones similares, una comisión técnica recomendó la instalación de boyas de alerta y señalización multilingüe. Solo el 12 % de esas medidas se ejecutó. No hubo sanciones ni rendición de cuentas.
El fondo del asunto
La tragedia de La Laja no se explica por la imprudencia de una niña, ni por la mala suerte. Se explica por una falta de gobernanza transversal: la Consejería de Educación no imparte educación acuática obligatoria; la de Medio Ambiente no actualiza mapas de riesgo; la de Sanidad no incluye la prevención de ahogamientos en sus campañas de salud pública; y los ayuntamientos carecen de competencias y recursos para gestionar playas no urbanizadas. Esta fragmentación institucional es el verdadero responsable. Históricamente, Canarias ha tratado el litoral como recurso turístico, no como espacio de vida y riesgo compartido. En contraste, Nueva Zelanda incorporó la seguridad acuática como competencia obligatoria de los gobiernos locales en 2012, reduciendo un 41 % los ahogamientos infantiles en una década. El mar no es un escenario de ocio neutral: es un sistema dinámico que exige respuestas técnicas, éticas y democráticas. La seguridad acuática es un derecho fundamental, no un lujo estival.
