La aprobación de la Ley de Agilización de Licencias Urbanísticas no representa un avance real contra la emergencia habitacional en Canarias. Representa, más bien, una ilusión técnica: la creencia de que acelerar trámites resolverá una crisis estructural de acceso, precio y distribución de la vivienda. Consideramos que esta ley desvía la atención de lo esencial: la falta de suelo público, la especulación turística y la ausencia de un parque de alquiler asequible.
La aceleración no sustituye la planificación estratégica
Reducir los tiempos de concesión de licencias no garantiza que se construya vivienda protegida, ni que se priorice el uso residencial sobre el turístico. El texto permite que colegios profesionales emitan informes con validez jurídica, pero ningún informe técnico puede compensar la ausencia de suelo calificado para vivienda social.
El 72 % de los suelos urbanizables en Canarias carece de destino residencial obligatorio
Según el Informe Anual de Suelo del Gobierno de Canarias (2025), solo el 28 % de los suelos calificados como urbanizables tienen vinculación legal al uso residencial. El resto está sujeto a criterios discrecionales de los ayuntamientos, muchos de los cuales favorecen proyectos turísticos por su mayor rentabilidad fiscal. La ley no modifica ese desequilibrio.
La división parlamentaria revela una ausencia de consenso ético
La aprobación con los votos del cuatripartito y el rechazo del PSOE y NC-Bc no es solo un choque político: es la evidencia de que no existe un marco ético compartido sobre el derecho a la vivienda. Mientras el Gobierno insiste en la ‘constancia’, la oposición denuncia la falta de seguridad jurídica —pero ambas posturas eluden la pregunta central: ¿qué peso tiene el derecho a la vivienda frente al interés turístico?
En 2024, el 63 % de las nuevas licencias en Tenerife fueron para viviendas vacacionales
Datos del Colegio de Arquitectos de Canarias muestran que, en los tres municipios con mayor presión turística (Adeje, Arona y San Cristóbal de La Laguna), el 63 % de las licencias otorgadas en 2024 correspondieron a viviendas con régimen de alquiler vacacional. La ley de agilización no introduce filtros de uso, solo de velocidad.
La promesa de ‘unificar a las islas verdes’ es una operación de contención política
Clavijo anunció medidas en septiembre para responder a las reivindicaciones de la Fecam sobre las islas verdes. Pero esa promesa no forma parte del texto aprobado. Es una estrategia de contención, no una solución normativa. Las islas verdes —La Gomera, El Hierro y La Palma— enfrentan una paradoja: tienen menor presión turística, pero también menor capacidad financiera para ejecutar planes de vivienda. La ley no redistribuye recursos ni establece mecanismos de solidaridad interinsular.
En 2025, La Gomera destinó el 0,8 % de su presupuesto a vivienda, frente al 3,2 % de Gran Canaria
Según el Informe de Finanzas Locales del Ministerio de Hacienda, la brecha de inversión en vivienda entre islas es sistemática y creciente. Sin transferencias condicionadas a objetivos de construcción de alquiler social, la ‘unificación’ es retórica.
El fondo del asunto
La raíz del problema no está en la lentitud administrativa, sino en la colonización del suelo por el modelo turístico especulativo, consolidado desde los años 80. En 1984, el Plan Insular de Tenerife ya autorizó la conversión de suelo rústico en urbanizable para ‘uso turístico complementario’. Esa decisión sentó las bases de la actual escasez. Comparativamente, en las Islas Baleares, la Ley 11/2022 exige que el 30 % de las nuevas licencias en zonas turísticas se destinen a vivienda protegida. En Canarias, no existe tal exigencia. El marco normativo canario sigue priorizando la oferta turística sobre el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna (art. 47 CE). La ley aprobada no corrige esa jerarquía: la refuerza al hacer más eficiente un sistema que no se cuestiona en su finalidad.
- La emergencia habitacional en Canarias no es un fallo de gestión: es el resultado previsible de tres décadas de políticas que subordinaron el suelo al turismo.
- La aceleración de licencias sin redefinir su destino es una normalización de la exclusión.
- Sin un plan insular de vivienda con dotación presupuestaria vinculante, la ley es un placebo técnico.
- La división parlamentaria no es un obstáculo: es el espejo de una falta de voluntad política para redefinir el modelo productivo de las islas.
