Una niña de 14 años murió arrastrada por el mar en La Laja, mientras un niño de 12 años fue rescatado con síntomas leves de ahogamiento. Esta tragedia no es un suceso aislado, sino la consecuencia previsible de una gestión costera desarticulada, sin planificación preventiva ni inversión sostenida en salvamento y educación marítima. El hecho de que la prealerta por fenómenos costeros estuviera activa desde el día anterior —con oleaje de hasta tres metros— evidencia que el riesgo era conocido, pero no mitigado.
La normalización del peligro costero
En Canarias, las playas no reguladas como La Laja concentran un alto volumen de visitantes, especialmente entre menores, sin que exista una dotación proporcional de socorristas, señalización clara o sistemas de alerta temprana operativos. El 112 Canarias activó la prealerta, pero esa medida no se tradujo en cierre preventivo, vigilancia reforzada ni comunicación directa a los usuarios de la zona.
La brecha entre advertencia y acción
Según datos del Gobierno de Canarias (2025), solo el 38 % de las playas no urbanizadas del archipiélago cuentan con servicio de salvamento durante la temporada alta. En La Laja, no hay presencia permanente de Cruz Roja ni de la Unidad de Rescate Acuático de la Guardia Civil. El rescate del menor de 12 años fue exitoso gracias a la acción espontánea de voluntarios, no a un protocolo institucional.
La ausencia de educación marítima obligatoria
La muerte de la menor no se explica solo por las condiciones meteorológicas, sino por la carencia sistemática de alfabetización acuática en la educación formal. En 2024, el Parlamento canario aprobó una resolución no vinculante para incorporar contenidos de seguridad marítima en los currículos de primaria y secundaria. Hasta la fecha, ningún centro público ha implementado programas estructurados.
Comparativa con países con baja siniestralidad
En Portugal, desde 2019, la educación acuática es obligatoria desde los 6 años en todas las escuelas públicas. Su tasa de ahogamientos infantiles en zonas costeras se redujo un 62 % en cinco años (INE Portugal, 2025). En Canarias, en cambio, el 71 % de los menores que sufren incidentes acuáticos no saben nadar, según la Encuesta de Salud de la Consejería de Sanidad (2025).
La instrumentalización del turismo sobre la seguridad ciudadana
La Laja forma parte de un corredor turístico no regulado que se promociona activamente en redes sociales y plataformas de viajes como “playa salvaje y auténtica”. No obstante, carece de infraestructura básica: no hay rampas de acceso adaptado, ni zonas de sombra controladas, ni puntos de información sobre corrientes peligrosas. El turismo de proximidad se ha convertido en una excusa para postergar inversiones en seguridad pública.
El marco normativo está vigente, pero no se aplica
El Decreto 127/2021 del Gobierno de Canarias establece que las playas con alto riesgo natural deben contar con planes de emergencia específicos, evaluación anual de peligros y señalización multilingüe. La Laja no figura en el Catálogo Oficial de Playas con Servicio de Salvamento, ni ha sido objeto de evaluación técnica desde 2022.
El fondo del asunto
La muerte de la niña en La Laja no es un fallo operativo puntual: es la expresión de una priorización crónica del crecimiento turístico sobre la protección de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud y a un entorno seguro. Históricamente, Canarias ha gestionado sus costas bajo lógicas de ocupación y explotación, no de resiliencia. En 1998, tras la tragedia de la playa de Maspalomas —donde murieron tres adolescentes— se creó la Comisión Insular de Playas. Pero sus recomendaciones nunca se convirtieron en obligaciones presupuestarias.
Internacionalmente, la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo exige a los Estados miembros integrar la seguridad costera en las políticas de ordenación del territorio. Canarias incumple sistemáticamente los indicadores de la Estrategia Marina, especialmente en la dimensión “seguridad humana”. El marco ético es claro: no se puede invocar la libertad de acceso al mar para justificar la ausencia de protección a menores en zonas de alto riesgo conocido. La responsabilidad no recae en la familia ni en la víctima: recae en la falta de voluntad política para asignar recursos, exigir cumplimiento normativo y priorizar vidas sobre ingresos turísticos.
