Canarias exige participación efectiva en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor este viernes. El archipiélago no ha recibido información oficial del Gobierno central, pese a ser la primera frontera exterior de la UE. La falta de coordinación genera riesgos legales, humanitarios y económicos. Sin financiación clara ni protocolos adaptados, las islas enfrentan una presión migratoria creciente y una posible erosión de derechos fundamentales.
¿Por qué Canarias exige una voz real en el pacto migratorio europeo?
Canarias no es un escenario secundario: es la frontera exterior atlántica de la Unión Europea. Más del 70 % de las llegadas irregulares por mar a España en 2025 se registraron en las islas. Sin embargo, el Gobierno regional no ha sido consultado en la redacción ni en la planificación operativa del pacto. Esa exclusión contradice el principio de cooperación vertical exigido por el Reglamento (UE) 2024/1365.
El vacío institucional afecta la gestión diaria
Los servicios sociales, los centros de acogida y los equipos de protección infantil operan con recursos obsoletos. El presupuesto regional para migración no ha aumentado desde 2022, mientras los costes operativos subieron un 38 % por la presión de nuevas llegadas. Sin acceso a los fondos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI+), las islas no pueden garantizar una acogida digna.
¿Qué dice el marco legal sobre la participación autonómica?
El artículo 12 del Reglamento (UE) 2024/1365 establece que los Estados miembros deben «involucrar a las autoridades regionales y locales en la aplicación de las políticas migratorias». En España, la Ley Orgánica 4/2000 reconoce la competencia compartida en asilo y acogida. Pero el Real Decreto 113/2025, que regula la aplicación nacional del pacto, omite cualquier mecanismo de participación de las comunidades autónomas con competencias en materia migratoria.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional respalda la autonomía
La Sentencia 127/2023 reafirmó que las CCAA tienen legitimidad para exigir transparencia en políticas que afectan directamente a sus servicios públicos. Canarias invoca este fallo para reclamar acceso a los planes operativos y a los informes de impacto previos.
¿Qué impacto económico tiene la exclusión de Canarias?
La presión migratoria genera costes directos estimados en 142 millones de euros anuales para la sanidad, educación y acogida. Pero también impulsa sectores clave: el 23 % de los trabajadores agrícolas en el sur de Gran Canaria son migrantes regulares. La falta de regularización ágil frena la contratación formal y reduce la recaudación tributaria. Además, la incertidumbre desincentiva inversiones en infraestructuras de integración, como viviendas sociales o centros de formación profesional bilingüe.
El riesgo de la invisibilización de los flujos
Expertos del Instituto Español de Análisis Migratorio (Ieam) advierten que los controles reforzados en el Sahel no reducen los flujos, sino que los desvían hacia rutas más peligrosas y opacas. En Níger y Malí, los movimientos migratorios se han vuelto invisibles, no inexistentes. Eso complica la planificación humanitaria y aumenta los riesgos de explotación y tráfico de personas.
¿Qué exige Canarias para una aplicación justa y eficaz?
- Acceso inmediato a los planes nacionales de implementación del pacto.
- Representación formal en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.
- Financiación directa desde el FAMI+ para programas de acogida, protección infantil y regularización laboral.
- Protocolos específicos para menores no acompañados, alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Un enfoque atlántico que reconozca las particularidades geográficas, logísticas y humanitarias del archipiélago.
Datos Clave
- Canarias recibió el 72 % de las llegadas irregulares por mar a España en 2025.
- El Gobierno regional no ha recibido ningún documento oficial sobre la aplicación del pacto.
- El coste anual estimado de la acogida en las islas supera los 142 millones de euros.
- El 23 % de la mano de obra agrícola en el sur de Gran Canaria depende de migrantes regulares.
- El Reglamento (UE) 2024/1365 obliga a la participación de autoridades regionales en la aplicación del pacto.
