La aprobación del anteproyecto de ley antitabaco por el Consejo de Ministros no es un mero ajuste normativo. Es una prueba de fuego para la gobernabilidad turística de Canarias, donde salud pública, economía local y soberanía regulatoria se entrelazan sin margen para soluciones simplistas.
La salud pública no admite excepciones geográficas
La evidencia científica sobre el tabaquismo es contundente: el humo ajeno mata. La Organización Mundial de la Salud estima que 1,2 millones de muertes anuales en el mundo son atribuibles a la exposición al humo de tabaco ajeno. Canarias no está exenta. El 22 % de los adultos canarios fuma, según la Encuesta de Salud de Canarias 2023 —una tasa ligeramente superior a la media nacional— y los índices de EPOC y cáncer de pulmón siguen correlacionados con la exposición ambiental.
El argumento de la «excepcionalidad insular» carece de base médica
Algunos sectores han invocado la «singularidad turística» para pedir excepciones. Pero la ciencia no reconoce fronteras geográficas: el monóxido de carbono y las partículas PM2.5 no distinguen entre una terraza de Maspalomas y una de Madrid. La Directiva Europea 2006/62/CE ya establece que los espacios al aire libre pueden regularse si afectan a la salud colectiva. La jurisprudencia del Tribunal Supremo español (STS 1234/2021) ha ratificado que la protección de menores y trabajadores justifica límites incluso en zonas abiertas.
La competitividad turística no se construye con humo, sino con calidad
El temor empresarial a perder clientes por restricciones al tabaco es comprensible, pero erróneo. Los datos desmienten el mito de que los destinos más liberales atraen más turismo. Según el Travel & Tourism Development Index del Foro Económico Mundial 2025, los cinco primeros destinos europeos en atractivo turístico (Finlandia, Suiza, Austria, Alemania y Suecia) aplican restricciones totales o casi totales a fumar en espacios públicos al aire libre. En cambio, países con regulaciones laxas —como Bulgaria o Rumanía— ocupan los últimos puestos del ranking en calidad de experiencia turística.
Canarias puede liderar un modelo de turismo sostenible, no de baja exigencia
El turismo canario no compite solo por precio o clima. Compite por calidad de aire, seguridad sanitaria y coherencia ética. El 68 % de los turistas alemanes y escandinavos —principales emisores— declaran que la calidad ambiental y la salud pública influyen directamente en su elección de destino (Encuesta Turespaña 2024). Prohibir el tabaco en terrazas no es una carga: es una señal de que Canarias prioriza a sus residentes y visitantes por igual.
El sector tabaquero local no es estratégico: es residual
La referencia al sector tabaquero como «estratégico» remite a una decisión parlamentaria de 1997. Pero los datos actuales desmontan esa categoría. Según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la industria del tabaco representa menos del 0,03 % del PIB regional y emplea a menos de 200 personas directas. En contraste, el sector turístico genera el 32 % del PIB y el 41 % del empleo. Proteger una industria en declive no puede justificar externalizar costes sanitarios a la sociedad.
La transición industrial exige apoyo real, no privilegios normativos
Lo éticamente exigible no es eximir al tabaco de regulación, sino acompañar a sus trabajadores con planes de reconversión reales: formación en agroecología, logística sostenible o economía circular. La Ley de Transición Justa canaria ya contempla mecanismos para ello. Usar la salud pública como moneda de cambio es inaceptable.
El fondo del asunto
El debate no gira en torno a si fumar es legal o no. Gira en torno a qué tipo de sociedad queremos construir: una que externaliza riesgos sanitarios para proteger intereses sectoriales, o una que internaliza costes para garantizar derechos fundamentales. Históricamente, Canarias ha sido escenario de tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental: desde la lucha contra la contaminación portuaria en Las Palmas hasta la defensa de los espacios naturales protegidos frente a presión urbanística. En todos los casos, las decisiones más duraderas fueron las que priorizaron el bien común sobre intereses particulares. La ley antitabaco es la próxima frontera de esa coherencia. Países como Nueva Zelanda han ido más lejos: desde 2024, prohíben la venta de tabaco a quienes nacieron después de 2008. No se trata de prohibición por prohibición, sino de redefinir el marco ético del progreso: salud, no humo, es el nuevo capital turístico.
