Más de 800.000 agricultores y ganaderos que usan el sistema de módulos enfrentan caos fiscal tras la publicación tardía de la orden del Ministerio de Hacienda. Las reducciones de los índices de rendimiento neto para el IRPF 2025 llegaron más de un mes después del inicio de la campaña de renta. Organizaciones como Asaja y UPA califican las medidas de insuficientes y excluyentes. No cubren cultivos clave afectados por la DANA, el alza de insumos ni crisis sanitarias como la gripe aviar.
¿Por qué las nuevas reducciones del sistema de módulos generan rechazo en el campo?
La orden del BOE reduce los índices de rendimiento neto para 2025, pero su alcance es limitado. No incluye zonas críticas como el levante español ni Andalucía, donde la DANA causó daños severos en cultivos de cereal y hortícolas. Asaja exigió un módulo cero para el cereal, que ya sufre pérdidas acumuladas desde 2024. El aumento del precio de la energía y los fertilizantes agrava su viabilidad.
Cultivos excluidos y sectores en riesgo
- La patata enfrenta caídas bruscas de precios en origen.
- La avicultura al aire libre sufre restricciones por el confinamiento obligatorio por gripe aviar.
- Leguminosas y forrajes de secano no reciben ajuste pese a sequías prolongadas.
- Algunos ayuntamientos y comarcas productoras no aparecen en la orden, dejando sin cobertura a sus agricultores.
¿Cómo afecta la tardanza en la publicación a la campaña de renta?
La campaña de IRPF ya estaba muy avanzada cuando se publicó la orden. Miles de autónomos agrarios debieron rectificar declaraciones ya presentadas. Esto genera costes administrativos, retrasos en devoluciones y riesgo de sanciones por errores técnicos. La Agencia Tributaria no adaptó sus sistemas a tiempo, y los programas de ayuda fiscal no integraron los nuevos índices de forma inmediata.
Falta de coordinación interministerial
No hubo alineación entre Hacienda, Agricultura y Transición Ecológica. Las estimaciones de daños por la DANA, publicadas por el Ministerio de Agricultura en febrero, no se trasladaron a la orden de Hacienda. Esto evidencia una brecha en la gestión integrada de crisis climáticas y fiscales.
¿Qué marco legal regula las reducciones en el sistema de módulos?
La base legal es el artículo 101 de la Ley del IRPF, que permite ajustar los índices de rendimiento neto ante siniestros naturales o crisis sectoriales. Pero la orden ministerial carece de criterios objetivos para la inclusión de cultivos o zonas. No se aplica el principio de proporcionalidad: daños del 80 % y del 20 % reciben el mismo tratamiento. Tampoco se vincula a datos verificables del Sistema de Información de Mercados Agrarios (SIMA) ni a informes de los Servicios de Extensión Agraria.
Impacto económico real del sistema de módulos en 2025
- El sector agrario representa el 2,3 % del PIB nacional, pero aporta el 15 % del empleo rural.
- El 68 % de los agricultores autónomos usa el sistema de módulos por su simplicidad.
- Cada día de retraso en la orden supuso un costo estimado de 1,2 millones de euros en asesoramiento fiscal adicional.
- Las pérdidas por DANA superaron los 1.400 millones de euros, según datos del MAPA.
¿Qué datos clave deben conocer los agricultores sobre la orden de 2025?
- La orden entró en vigor el 15 de mayo de 2026, pero se aplica a la declaración de IRPF 2025 (ejercicio 2025, declarado en 2026).
- No se incluyen cultivos como el olivar tradicional ni la vid en zonas no declaradas oficialmente como afectadas.
- Las reducciones oscilan entre el 5 % y el 12 %, muy por debajo del 30–50 % de caída real en producción en zonas críticas.
- No hay mecanismo de reclamación individual: los ajustes son genéricos y no consideran daños específicos por explotación.
- El plazo para presentar rectificaciones termina el 30 de junio de 2026, sin prórroga automática.
Datos Clave
- Más de 800.000 autónomos agrarios dependen del sistema de módulos.
- La DANA causó daños por más de 1.400 millones de euros, según el MAPA.
- Asaja exigió un módulo cero para el cereal, sin respuesta oficial.
- El 68 % de los agricultores autónomos usa el sistema por su simplicidad administrativa.
- La orden se publicó con más de 30 días de retraso respecto al inicio de la campaña de renta.
El retraso y la falta de cobertura técnica de la orden debilitan la confianza en la previsibilidad fiscal del sector. Sin actualizaciones basadas en datos reales y sin mecanismos de revisión ágil, las reducciones no cumplen su función de estabilidad económica. La brecha entre la norma y la realidad productiva sigue ampliándose. La presión sobre los márgenes de los pequeños agricultores se intensifica, especialmente en zonas con menor acceso a seguros agrarios o ayudas directas. La falta de integración entre política climática, agraria y fiscal pone en riesgo la sostenibilidad del modelo productivo español.
