El Gobierno ha aprobado una oferta de empleo público de 37.017 plazas para 2026, la mayor en tres años. Aunque supera ligeramente la de 2025, queda por debajo de las 40.100 plazas de 2024. La medida forma parte de una estrategia de modernización del Estado centrada en inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia del dato y respuesta a la emergencia climática. Sin embargo, los sindicatos la califican de insuficiente y no negociada.
¿Qué incluye la oferta de empleo público 2026?
La convocatoria destina 27.232 plazas a la Administración General del Estado. El resto corresponde a Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, aprobadas en un real decreto ley aparte. El Gobierno destaca el aumento del 42% en plazas para el cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información (TIC), con 1.700 puestos. Es la primera vez que se ofertan plazas específicas para especialistas en inteligencia artificial.
Perfiles estratégicos y emergencia climática
La oferta incorpora 346 plazas extraordinarias para meteorólogos, ingenieros de montes y agentes medioambientales, dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica. Estas se vinculan directamente al Plan de Adaptación Climática y a la necesidad de reforzar la vigilancia ambiental tras los récords de temperaturas y eventos extremos en 2025.
¿Por qué los sindicatos rechazan la oferta?
Los sindicatos más representativos denuncian que apenas se crean 217 plazas netas de nuevo ingreso, tras descontar sustituciones y promoción interna. Además, recortan por segundo año consecutivo la promoción interna, lo que afecta a la carrera profesional de miles de funcionarios. Critican que no se les informó de las cifras exactas previamente, violando el marco de diálogo social establecido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Impacto económico real
El Gobierno estima 6.200 empleos netos, tras restar jubilaciones previstas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que el 68% de los puestos ofertados corresponden a reposición, no a expansión. Esto limita su efecto en la reducción del desempleo juvenil, que sigue en el 31,4% (EPA Q1 2026). Además, el gasto asociado —unos 1.200 millones de euros anuales— se financia con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), lo que condiciona su continuidad más allá de 2027.
¿Cómo se alinea con el marco legal y europeo?
La oferta responde al Plan Estratégico de Modernización Administrativa 2023–2027, que exige digitalizar al menos el 75% de los servicios públicos antes de 2030. También cumple con la Directiva Europea 2023/2842 sobre capacidad digital del sector público, que obliga a los Estados miembros a certificar perfiles TIC. No obstante, la Comisión Europea advierte que España sigue rezagada en la adopción de IA ética y gobernanza de datos, lo que podría afectar futuras auditorías de fondos.
Datos Clave
- 37.017 plazas totales: 27.232 para la Administración General del Estado + 9.785 para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- 1.700 plazas para sistemas y tecnologías de la información (TIC): +42% vs. 2025.
- Primera oferta oficial de especialistas en inteligencia artificial en la Administración Pública española.
- 346 plazas extraordinarias para respuesta a la emergencia climática, vinculadas al PRTR.
- Solo 217 plazas netas de nuevo ingreso: el 99,4% son reposiciones o promoción interna recortada.
¿Qué implica para los profesionales del sector público?
La priorización de perfiles digitales exige nuevas certificaciones: EC-Council, ISC², o la Certificación Oficial en IA para el Sector Público (lanzada en marzo de 2026 por la Escuela de Administración Pública). Los funcionarios con formación en ciberseguridad o análisis de datos tienen ventaja en los procesos selectivos. Además, la Ley 20/2023 de Transformación Digital exige que todos los nuevos ingresos superen una prueba de competencias digitales básicas antes de tomar posesión.
