Los funcionarios interinos españoles vuelven a acudir a Bruselas tras una sentencia del Tribunal Supremo que limita drásticamente su acceso a la fijeza. La decisión, emitida el 13 de mayo de 2026, excluye a la mayoría de los trabajadores temporales de la conversión automática a empleo público indefinido. Solo quienes hayan superado una oposición con carácter fijo, aunque no obtuvieran plaza, y acumulen al menos tres años de abuso de temporalidad, podrán reclamar su estabilidad. El resto queda sin vía efectiva.
¿Por qué los interinos denuncian de nuevo ante la Comisión Europea?
El abogado Javier Arauz de Robles, representante legal de múltiples asociaciones de empleados públicos temporales, anuncia una nueva reclamación formal ante la Comisión Europea. Lo hace tras considerar que la sentencia del Supremo contradice el derecho de la Unión Europea. El fallo ignora tres cuestiones prejudiciales aún pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Estas cuestiones abordan la compatibilidad de la normativa española con la Directiva 1999/70/CE sobre contratos de duración determinada.
La sentencia no resuelve el conflicto europeo
El TJUE ya había advertido, en sentencias previas como Delgado Culebras (2022) y Sánchez Ruiz (2023), que la mera ausencia de proceso selectivo no justifica la perpetuación de la temporalidad. El Supremo, sin embargo, argumenta que la fijeza automática violaría el artículo 103 de la Constitución. Arauz rechaza ese razonamiento: “La igualdad, el mérito y la capacidad no se garantizan con la exclusión, sino con la evaluación objetiva de la experiencia acumulada”.
¿Qué exige Bruselas a España antes del 29 de junio?
La Comisión Europea otorgó a España un plazo final el 29 de junio de 2026 para corregir dos expedientes abiertos: uno por discriminación salarial y de derechos entre interinos y fijos, y otro por uso abusivo de contratos temporales en la Administración. Si España no adopta medidas efectivas, Bruselas podrá elevar el caso al TJUE. Esto implicaría sanciones económicas y una condena vinculante para reformar la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Impacto económico del abuso de temporalidad
La tasa de temporalidad en el sector público español supera el 22 %, muy por encima de la media europea del 12 %. Esto genera inestabilidad laboral, pérdida de productividad y costes ocultos: rotación constante, formación repetida y litigiosidad creciente. Según el Banco de España, el gasto anual en indemnizaciones y recursos judiciales por conflictos laborales en la Administración supera los 420 millones de euros.
¿Qué dice el marco legal actual sobre los interinos?
La Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral introdujo el concepto de abuso de temporalidad en el sector público. Pero su aplicación es desigual entre comunidades autónomas. Además, el Real Decreto-Ley 8/2022 no establece mecanismos de control efectivos ni sanciones para las administraciones que incumplan. La falta de un registro centralizado de contratos temporales impide auditar el cumplimiento real.
La brecha entre norma y práctica
Más del 65 % de los interinos lleva más de cinco años en la misma plaza. Sin embargo, menos del 8 % ha accedido a una plaza fija mediante concurso-oposición en los últimos tres años. La falta de transparencia en las convocatorias y la ausencia de evaluación de experiencia laboral real agravan la desigualdad.
¿Cuáles son los datos clave sobre los interinos en España?
- La tasa de temporalidad en el sector público es del 22,3 % (INE, 2025).
- Más del 65 % de los interinos acumula más de cinco años en el mismo puesto.
- Solo el 7,8 % ha obtenido fijeza mediante concurso-oposición desde 2023.
- El plazo de Bruselas para corregir el incumplimiento finaliza el 29 de junio de 2026.
- Tres cuestiones prejudiciales siguen pendientes ante el TJUE.
- El gasto anual en litigios laborales públicos supera los 420 millones de euros.
El conflicto no es solo jurídico: es estructural. La persistencia del abuso de temporalidad erosiona la calidad de los servicios públicos, desincentiva la especialización y debilita la confianza ciudadana en la Administración. Mientras no se alinee la legislación nacional con el derecho comunitario, las denuncias ante Bruselas seguirán siendo la única vía de presión efectiva para los interinos.
