El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) alerta sobre los peligros de aplicar medidas de control de la población sin un diseño estratégico. Estas decisiones impactan directamente en la población activa, la estabilidad del mercado laboral y la sostenibilidad del tejido productivo. El informe anual de 2025 subraya que la caída de la natalidad y el envejecimiento acelerado exigen respuestas integrales, no restrictivas. Sin políticas de conciliación y migración ordenada, las islas podrían enfrentar escasez de perfiles técnicos y desequilibrios territoriales graves.
¿Qué significa realmente «control de la población» en el contexto canario?
El término no implica restricciones coercitivas. Se refiere a una gestión ordenada de los flujos migratorios, alineada con las necesidades reales del mercado laboral y los equilibrios demográficos interinsulares. El CES rechaza cualquier lectura autoritaria del concepto. En su lugar, propone indicadores objetivos: tasa de dependencia, índice de envejecimiento y déficit de trabajadores cualificados por sector.
El riesgo de limitar la entrada de mano de obra
Las empresas canarias ya reportan dificultades para cubrir puestos en turismo, construcción y atención sanitaria. Restringir la inmigración sin sustituir con políticas de natalidad o retención de talento local agrava la escasez de perfiles adecuados. Esto eleva los costos operativos y frena la inversión extranjera.
¿Cómo afecta el reto demográfico a la economía real?
El crecimiento poblacional sostenido en Canarias es engañoso. Oculta una estructura etaria cada vez más frágil: el 24,3 % de la población supera los 65 años (INE, 2025). Eso reduce la base imponible del sistema de pensiones y aumenta la presión sobre los servicios públicos. Al mismo tiempo, la concentración urbana en Tenerife y Gran Canaria genera sobrecarga en infraestructuras, mientras las islas menores pierden población activa.
El impacto en los sectores estratégicos
El turismo, que representa el 32 % del PIB regional, depende de mano de obra joven y flexible. La falta de trabajadores en hostelería y mantenimiento ya ha provocado cierres estacionales. En el sector tecnológico emergente, la escasez de perfiles digitales frena la atracción de startups y centros de innovación.
¿Qué políticas activas recomienda el CES para fomentar la natalidad?
El informe prioriza la conciliación laboral y familiar como eje central. No basta con incentivos monetarios. Se requieren servicios públicos accesibles: plazas en escuelas infantiles, permisos retribuidos ampliados y horarios adaptados en la administración. El CES vincula directamente la tasa de natalidad con la calidad del empleo femenino y la estabilidad contractual.
Integración laboral de la población extranjera
Más del 18 % de la población activa en Canarias es extranjera (EPA, Q1 2026). El CES exige reconocimiento de títulos, formación en competencias transversales y acompañamiento en la inserción. Sin esto, se desperdicia capital humano y se profundizan las brechas salariales.
¿Qué marco legal regula la gestión demográfica en Canarias?
No existe una ley autonómica específica de reto demográfico, pero la Estrategia Canaria de Reto Demográfico (2023–2030) es el documento rector. Está alineada con la Ley 20/2022 del Estado y el Plan de Acción para la Población Rural. Su cumplimiento depende de la coordinación entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos. El CES exige mecanismos de evaluación independiente y presupuestos vinculantes.
Datos Clave
- El 41 % de los municipios canarios tiene menos de 5.000 habitantes y pierde población activa desde 2019.
- La tasa de natalidad en Canarias es de 6,8 nacidos por cada 1.000 habitantes (frente a 7,2 en España).
- El déficit estimado de trabajadores cualificados en sectores clave supera los 12.000 puestos anuales.
- El 63 % de las empresas canarias considera la escasez de talento su principal barrera de crecimiento.
- La inversión pública en políticas de conciliación representa menos del 0,4 % del presupuesto regional.
El CES vincula el control de la población con la sostenibilidad fiscal, la competitividad territorial y la cohesión social. Sin una estrategia que equilibre natalidad, migración y retención, el archipiélago corre el riesgo de estancamiento estructural. La gestión demográfica ya no es una cuestión social: es una palanca económica prioritaria.
