¿Qué preocupa hoy a los jóvenes canarios? No es una pregunta retórica: es el eje de una crisis de representación que el Gobierno regional elude con diagnósticos vagos y promesas sin plazos ni presupuestos vinculantes. La fuga de talento, la colapso sanitario y la desafección política no son síntomas aislados: son manifestaciones de un fracaso estructural en la planificación intergeneracional.
La fuga de talento no es una opción, es una sentencia de abandono
Clavijo distingue entre quienes se van a formar y quienes se van por necesidad. Esa distinción es éticamente peligrosa: reduce la movilidad forzada a una cuestión de intención, no de condición. En Canarias, el 32,7 % de los titulados universitarios menores de 30 años emigra en los dos años posteriores a su graduación (INE, 2025). No se van a «complementar su formación»: se van porque no hay becas de especialización en oncología, ni contratos de formación en ciberseguridad, ni líneas de I+D en energías renovables con estabilidad laboral.
El programa ‘Talento Canario’ carece de indicadores de retención
El Gobierno ha invertido 42 millones en iniciativas de atracción de jóvenes, pero no publica tasas de retorno ni seguimiento de beneficiarios. En comparación, el programa ‘Talent Attraction’ de las Islas Baleares exige cláusulas de permanencia mínima de tres años y vincula el 60 % de la ayuda a la creación de empleo local. En Canarias, no existe tal exigencia.
La sanidad no se mide con encuestas, sino con tiempos de espera reales
Clavijo cita una nota media superior a ocho en satisfacción ciudadana. Pero la encuesta del SCS de 2025 revela que el 68 % de los jóvenes entre 18 y 35 años ha esperado más de 90 días para una primera consulta especializada. Y el 41 % ha renunciado a una cita por imposibilidad de desplazamiento o falta de transporte público.
El centro de oncología del Negrín no resuelve la falta de médicos de familia
La primera piedra simboliza inversión, pero no infraestructura operativa. Canarias tiene 1,8 médicos de familia por cada 1.000 habitantes —frente a la media nacional de 2,4— y una tasa de jubilación anticipada del 22 % en Atención Primaria (Consejo Canario de Colegios Oficiales de Médicos, 2026). Sin reforzar la atención primaria, ningún hospital de alta especialidad detendrá la saturación.
La desafección política no es desinterés: es desconfianza justificada
Clavijo reconoce el malestar, pero no identifica su causa: la ausencia de canales reales de participación. El 74 % de los jóvenes canarios entre 18 y 35 años no ha participado nunca en una consulta pública del Gobierno (Estudio Observatorio de la Juventud, 2026). No es indiferencia: es exclusión deliberada de los espacios donde se toman decisiones que les afectan directamente.
Los consejos de juventud carecen de competencias ejecutivas y financiación autónoma
A diferencia de los Consejos de Juventud de Navarra o País Vasco —que gestionan anualmente presupuestos superiores a 1,2 millones y tienen derecho de veto consultivo en leyes de juventud—, el Consejo Canario de la Juventud depende del presupuesto del Gobierno y no puede proponer iniciativas legislativas. Su voz es decorativa, no deliberativa.
El fondo del asunto
La raíz no está en la gestión coyuntural, sino en la ausencia de una Ley de Juventud Canaria con rango legal, dotación presupuestaria obligatoria y mecanismos de rendición de cuentas. Desde 2015, cinco proyectos de ley han quedado estancados en el Parlamento. Mientras tanto, Canarias es la única comunidad autónoma sin un plan estratégico de juventud con indicadores medibles y metas temporales. Esta omisión no es técnica: es política. Refleja una visión del joven como destinatario pasivo de políticas, no como sujeto activo de derechos. Históricamente, las regiones con mayor fuga de talento —como Galicia o Extremadura— aprobaron leyes de juventud tras crisis demográficas profundas. Canarias las posterga mientras su tasa de dependencia juvenil alcanza el 31,4 % (INE, 2026). El marco ético es claro: la Constitución española (art. 41) y la Ley Canaria de Igualdad (2022) obligan a garantizar la igualdad real de oportunidades. No cumplirlas no es un error administrativo: es una violación de deberes institucionales.
