Bruselas ha lanzado un dictamen motivado contra España por incumplir la Directiva 1999/70/CE sobre contratos de duración determinada. El Gobierno tiene dos meses para responder o arriesgarse a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea denuncia que los interinos del sector público siguen sufriendo condiciones laborales desfavorables frente a los fijos. Esto viola el principio de no discriminación de la UE. La presión no es nueva: el procedimiento se abrió en 2015. Pero las reformas españolas, como la Ley para reducir la temporalidad, no han convencido a Bruselas.
¿Qué exige Bruselas a España sobre los interinos?
La Comisión Europea exige que España elimine las condiciones de empleo menos favorables para los trabajadores con contratos temporales en el sector público. No basta con reducir cifras: debe garantizarse igualdad sustancial en derechos salariales, promoción, formación y estabilidad. La UE no tolera que los interinos acumulen años de servicio sin acceso a la estabilidad, ni que se les nieguen derechos por su condición contractual.
¿Por qué el TJUE podría intervenir en este caso?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea entra en juego si España no responde en plazo o si su respuesta es insuficiente. Un fallo desfavorable podría obligar a reformar la Ley de Función Pública, modificar el Estatuto de los Trabajadores y asumir costes por indemnizaciones retroactivas. Además, sentaría jurisprudencia vinculante para otros Estados miembros con problemas similares.
¿Cuál es el impacto económico real de la temporalidad pública?
La temporalidad crónica en el sector público cuesta a España más de 2.100 millones de euros anuales en gastos administrativos, rotación y pérdida de productividad, según el Instituto de Estudios Fiscales (2025). Además, el 43 % de los empleados públicos interinos lleva más de 5 años en la misma plaza sin estabilidad. Esto frena la inversión en formación y deteriora la calidad de los servicios públicos. El déficit de confianza en la Administración también afecta la atracción de talento y la innovación institucional.
¿Qué marco legal español está bajo escrutinio?
La normativa bajo revisión incluye el Estatuto de los Trabajadores, la Ley 20/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad, y los reales decretos sobre estabilidad en la Administración General del Estado. Bruselas señala que, pese a los cambios formales, persisten cláusulas discriminatorias en la práctica: limitaciones en la participación en concursos, ausencia de derechos a la indemnización por finalización de contrato y falta de mecanismos efectivos de conversión a fijo.
Datos Clave
- La Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción.
- España dispone de 60 días naturales para responder oficialmente.
- El 38,7 % de los empleados públicos son interinos, según el INE (2025).
- Desde 2015, el procedimiento ha pasado por tres fases sin resolución definitiva.
- El TJUE puede imponer sanciones económicas y exigir reformas legislativas vinculantes.
La presión europea llega en un momento crítico: el Gobierno español negocia el próximo Plan Nacional de Reformas 2026-2027, donde la estabilidad laboral en el sector público es un eje clave para acceder a fondos del NextGenerationEU. Además, el Tribunal Supremo español ha reiterado en sentencias recientes que la prolongación indefinida de interinidad constituye uso abusivo de contratos temporales, reforzando la postura de Bruselas. La convergencia entre jurisprudencia nacional y exigencias comunitarias acelera la necesidad de una reforma estructural, no solo puntual.
