El recibo de la luz se ha disparado un 28% en junio de 2026. La combinación de la vuelta del IVA al 21%, la restauración del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 5,11% y el alza del precio de la energía mayorista (27,8% en mayo) golpea directamente a los hogares. El incremento medio oscila entre 8 y 15 euros por factura, con impactos más severos en viviendas sin aislamiento térmico y en usuarios de tarifas del mercado libre.
¿Por qué ha subido tanto la factura de la luz en junio de 2026?
El Gobierno retiró las medidas fiscales de emergencia tras el dato del IPC de abril (3,2%), que indicó una desaceleración de la inflación. Las rebajas del IVA y del impuesto especial se habían activado en 2025 como respuesta a la volatilidad del gas natural tras la escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz. Ahora, su caducidad coincide con el inicio de la temporada de mayor demanda eléctrica.
El efecto acumulado de tres factores
- El precio mayorista subió a 54,23 €/MWh en mayo, frente a 42,44 €/MWh en abril.
- El IVA pasó del 10% al 21%, incrementando el gravamen sobre el total de la factura.
- El Impuesto Especial sobre la Electricidad se restableció del 0,5% al 5,11%, afectando directamente al término de energía.
¿Quiénes sufren más este aumento?
Los hogares con menor capacidad de adaptación soportan el mayor impacto. No se trata solo de ingresos bajos: también afecta a quienes viven en viviendas mal aisladas, dependen del aire acondicionado por necesidad médica y carecen de acceso a tecnologías de eficiencia energética. Estos usuarios no pueden reducir su consumo sin comprometer su bienestar.
Tarifas del mercado libre: más vulnerables
Según Selectra, una factura media de 250 kWh pasó de 56,32 € a 64,78 €: un salto del 15%. FACUA registró un aumento aún mayor: de 60,99 € en abril a 75,63 € en mayo (+24%). Estas diferencias reflejan la falta de regulación en los contratos libres frente a la tarifa regulada (PVPC), que absorbe parte de la volatilidad.
¿Qué dice la ley sobre la vuelta de los impuestos?
La Ley General Tributaria y la Ley del Impuesto Especial sobre la Electricidad permiten al Gobierno modificar los tipos impositivos mediante real decreto. Las rebajas fueron temporales y su caducidad estaba prevista en el Real Decreto-ley 12/2025, que estableció su vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. No hubo prórroga: el Ejecutivo priorizó la consolidación fiscal ante el objetivo de déficit del Plan Nacional de Reformas 2026.
Marco legal y presión política
- El Ministerio de Hacienda justificó la medida por la estabilidad del IPC.
- Yolanda Díaz (Ministra de Trabajo) y el PP exigieron un nuevo decreto para prorrogar las rebajas.
- La CNMC advirtió que la ausencia de mecanismos de protección podría agravar la pobreza energética, ya presente en el 12,4% de los hogares según el INE 2025.
¿Cuál es el impacto económico real en 2026?
El alza afecta a más de 27 millones de consumidores domésticos. A nivel macro, se estima que el incremento agregado en facturación eléctrica podría sumar 1.200 millones de euros anuales. Ese dinero se redistribuye desde los hogares hacia las arcas públicas y las comercializadoras. Además, el efecto arrastre presiona el índice de precios al consumo, especialmente en los capítulos de vivienda y energía, con riesgo de reavivar la inflación subyacente.
Datos Clave
- El precio mayorista subió un 27,8% en mayo: de 42,44 €/MWh a 54,23 €/MWh.
- El IVA volvió del 10% al 21%: un incremento de 11 puntos porcentuales.
- El Impuesto Especial sobre la Electricidad pasó del 0,5% al 5,11%.
- El aumento medio por factura es de 8–15 euros, con picos del 24–28% mensual.
- La pobreza energética afecta al 12,4% de los hogares, según datos oficiales de 2025.
¿Qué se espera para los próximos meses?
Junio, julio y agosto suelen registrar los picos de consumo por refrigeración. Sin medidas compensatorias, el impacto acumulado podría superar los 40 euros adicionales en tres meses para un consumidor medio. Expertos de la Fundación Renovables advierten que la ausencia de inversión en almacenamiento distribuido, autoconsumo regulado y bonos sociales ampliados profundiza la desigualdad energética. El Gobierno mantiene abierto el debate sobre un nuevo mecanismo de protección tarifaria, pero sin calendario definido.
