El Impuesto sobre el Patrimonio en España ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente en lo que respecta a su efectividad como herramienta redistributiva. A pesar de su diseño progresivo, un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto de manifiesto que su impacto real en la reducción de desigualdades es limitado. Este artículo explora las limitaciones actuales del impuesto y las propuestas de reforma que podrían mejorar su eficacia.
**Limitaciones del Impuesto sobre el Patrimonio**
El estudio de Fedea destaca que, aunque el Impuesto sobre el Patrimonio se presenta como un tributo progresivo, en la práctica, su capacidad redistributiva es muy baja. Este impuesto se concentra en el 0,5% más rico de la población, lo que genera una percepción de equidad que no se traduce en resultados tangibles. La razón principal de esta ineficacia radica en la estructura descentralizada del impuesto, que permite a las comunidades autónomas aplicar bonificaciones del 100%. Esto ha llevado a una situación en la que, en regiones como Madrid, Andalucía o Extremadura, el impuesto se convierte en un mero símbolo, sin generar ingresos significativos para el Estado.
A pesar de que la recaudación del impuesto aumentó en 2023, alcanzando los 1.970 millones de euros, un 58% más que el año anterior, este incremento se debe principalmente a la reactivación del tributo en varias comunidades autónomas que anteriormente lo mantenían bonificado. Sin embargo, esta recaudación sigue siendo insuficiente para abordar las desigualdades económicas existentes en el país.
Fedea propone que, para mejorar la efectividad del impuesto, se eliminen tanto el mínimo exento como las bonificaciones autonómicas. Esta medida podría duplicar la capacidad redistributiva del tributo, permitiendo que los patrimonios más elevados contribuyan de manera más equitativa en todas las regiones. De esta forma, se lograría un impacto más claro sobre la desigualdad patrimonial, manteniendo la progresividad del impuesto.
**Propuestas para Aumentar la Recaudación y la Redistribución**
El informe de Fedea sugiere que ampliar la base imponible del impuesto podría incrementar la recaudación, pero advierte que esto no garantiza necesariamente una mayor redistribución. La fragmentación autonómica del impuesto refuerza esta paradoja, ya que, aunque el diseño formal del impuesto es progresivo, su capacidad real para corregir desigualdades es débil. Por ello, el think tank ha simulado diferentes alternativas, como la eliminación del mínimo exento y de las bonificaciones autonómicas, que podrían elevar la recaudación hasta los 7.922 millones de euros.
Además, el estudio señala que el impacto del impuesto varía según características sociodemográficas. Por ejemplo, los hogares unipersonales y las personas mayores son los más afectados por el tributo, mientras que la titularidad compartida tiende a reducir la carga fiscal. Esto sugiere que el diseño actual del impuesto no solo es ineficaz, sino que también puede ser injusto para ciertos grupos de la población.
El análisis también compara el sistema español con modelos europeos. Por ejemplo, el sistema francés, que se centra en el patrimonio inmobiliario, logra una mayor redistribución que el español. Por otro lado, el modelo italiano, que tiene una base amplia y tipos proporcionales, se destaca en recaudación, aunque introduce elementos regresivos. Una de las propuestas más ambiciosas proviene del economista Thomas Piketty, quien sugiere gravar todo el patrimonio con tipos crecientes, lo que podría multiplicar por quince la recaudación y ampliar la cobertura hasta afectar al 10% más rico.
El informe de Fedea concluye que existen dos caminos claros para mejorar el Impuesto sobre el Patrimonio: avanzar con reformas graduales que reduzcan exenciones y bonificaciones, o abrir un debate sobre modelos más ambiciosos que replanteen su papel en la política fiscal española. La necesidad de una reforma es evidente, no solo para aumentar la recaudación, sino también para garantizar que el sistema fiscal sea verdaderamente equitativo y efectivo en la lucha contra las desigualdades económicas.
En un contexto donde la justicia fiscal es cada vez más relevante, la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio podría ser un paso crucial hacia un sistema más justo y redistributivo. La implementación de estas propuestas no solo beneficiaría a las arcas públicas, sino que también contribuiría a una sociedad más equitativa, donde todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica, puedan contribuir al bienestar común.
