Las grandes compañías eléctricas en España han intensificado sus esfuerzos para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revise su propuesta de retribución a las redes eléctricas. Actualmente, la tasa de retribución se sitúa en un 6,46% para el periodo 2026-2031, una cifra que las eléctricas consideran insuficiente y que no se alinea con la media europea. En un contexto donde la inversión en infraestructuras energéticas es crucial, las empresas del sector han solicitado que esta tasa se eleve al 7,5%, lo que, según sus estimaciones, podría traducirse en una diferencia de 350 millones de euros anuales, afectando directamente a un volumen de inversión de 60.000 millones de euros.
La presión ejercida por las eléctricas se ha intensificado en un acto organizado por la Asociación Española de Empresas Eléctricas (Aelec), donde participaron altos directivos de compañías como Iberdrola, Endesa y EDP. Durante este evento, se destacó la necesidad de que el regulador escuche el «clamor» del sector, que ha presentado alegaciones conjuntas a la propuesta de la CNMC. Esta situación se produce en un momento en que el Ministerio para la Transición Ecológica está finalizando un informe que se enviará a la CNMC, lo que podría influir en la decisión final sobre la retribución.
Los líderes del sector energético han manifestado su preocupación por la disparidad en las retribuciones de las redes eléctricas, lo que podría llevar a una fuga de capital hacia mercados más rentables. Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola en España, subrayó que la falta de un mercado eléctrico común y la diferencia en las tasas de retribución podrían desincentivar la inversión en el país. En su nuevo plan estratégico, Iberdrola ha decidido concentrar el 65% de sus inversiones en el Reino Unido y Estados Unidos, dejando solo un 15% para la Península Ibérica, lo que refleja una clara estrategia de diversificación geográfica.
Por su parte, Pedro Azagra, consejero delegado de Endesa, advirtió que la inversión prevista en España podría verse reducida a unos 1.000 millones de euros, dependiendo de las condiciones que establezca el regulador. La preocupación por la estabilidad de la tasa de retribución es palpable, ya que los directivos del sector han señalado que la tasa actual es la misma que se estableció hace cinco años, a pesar de los cambios significativos en el entorno económico, como el aumento de los tipos de interés.
La presidenta de Aelec, Marina Serrano, enfatizó la necesidad de que la propuesta de la CNMC esté alineada con las políticas del Gobierno, especialmente en lo que respecta a las inversiones en redes eléctricas. La seguridad energética también fue un tema central en el evento, con Ruiz-Tagle advirtiendo sobre la importancia de mantener un equilibrio en el mix energético del país. La reciente experiencia del apagón del 28 de abril ha puesto de manifiesto la necesidad de gestionar adecuadamente la velocidad de penetración de las energías renovables y la salida de las energías síncronas del sistema.
José Casas, Director General de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, también se refirió al apagón como un indicador del éxito de España en la adopción de energías limpias, pero subrayó la importancia de aprender de esta experiencia para evitar futuros problemas en la red eléctrica. La necesidad de mejorar la remuneración a las redes eléctricas se ha convertido en un tema crítico, ya que las empresas requieren un marco regulatorio que les permita realizar las inversiones necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad del suministro eléctrico.
En este contexto, los directivos del sector han instado a la CNMC a establecer un diálogo constructivo con las empresas eléctricas, para que se pueda encontrar un equilibrio que favorezca tanto a los inversores como a los consumidores. La fiscalidad también fue mencionada como un aspecto clave que debe ser revisado, ya que influye en la competitividad del sector y en los costos energéticos que enfrentan los consumidores.
La situación actual del sector eléctrico en España es un reflejo de la complejidad de la transición energética, donde las decisiones regulatorias tienen un impacto directo en la capacidad de inversión y en la seguridad del suministro. A medida que el país avanza hacia un modelo energético más sostenible, será fundamental que se establezcan condiciones que fomenten la inversión y la innovación en el sector eléctrico, garantizando así un futuro energético más seguro y eficiente para todos los ciudadanos.
