La reciente investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz una serie de irregularidades en la gestión de contratos durante la pandemia de COVID-19 en Canarias. En el centro de esta controversia se encuentra Ángel Víctor Torres, quien en ese momento era presidente del Gobierno de Canarias. El informe, que ha sido parcialmente entregado a las partes involucradas, revela conexiones preocupantes entre funcionarios del gobierno canario y empresas que supuestamente se beneficiaron de contratos millonarios en un contexto de emergencia sanitaria.
**Contratos y Comisiones: Un Vínculo Sospechoso**
El informe destaca la relación entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y las empresas Soluciones de Gestión SL y Eurofins Megalab. Estas compañías están vinculadas a una presunta trama de corrupción que involucra a figuras clave del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como José Luis Ábalos y Koldo García. Según los hallazgos, Soluciones de Gestión facturó 12 millones de euros en contratos con el SCS, mientras que Eurofins Megalab recibió 5,3 millones de euros en tres contratos.
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la forma en que se gestionaron estos contratos. Koldo García, un asesor del ministro Ábalos, supuestamente recibió 10.000 euros al mes de Víctor de Aldama, un empresario implicado en la trama. A cambio, García utilizó su influencia para facilitar el acceso de Soluciones de Gestión a contratos con el gobierno canario. El informe detalla cómo Torres y su viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, facilitaron la aprobación de estos contratos, ignorando los procedimientos habituales que garantizan la transparencia y la competencia en la adjudicación de contratos públicos.
Los mensajes intercambiados entre los involucrados revelan una dinámica preocupante. Por ejemplo, cuando había retrasos en los pagos, Koldo García se comunicaba directamente con Torres y Olivera para resolver los problemas. En un mensaje, Torres expresó su frustración por los retrasos en los pagos a Soluciones de Gestión, indicando que estaba dispuesto a tomar medidas drásticas para solucionar la situación. Esta falta de transparencia y la celeridad en la aprobación de contratos durante una crisis sanitaria plantea serias preguntas sobre la ética y la legalidad de las acciones de los funcionarios involucrados.
**La Cena en Madrid: Un Encuentro Revelador**
Otro aspecto intrigante del informe es la mención de una cena en Madrid que involucró a Torres, Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Este encuentro, que tuvo lugar en el restaurante Jai Alai, ha sido objeto de escrutinio debido a las implicaciones que podría tener en la relación entre los funcionarios y los empresarios. Durante esta cena, se discutieron temas relacionados con los contratos y las facturas, lo que sugiere que las decisiones sobre la adjudicación de contratos podrían haber estado influenciadas por relaciones personales y no por criterios objetivos.
El informe también menciona que la subdelegada del Gobierno en Canarias, María Teresa Mayans, estaba en contacto con Koldo García para coordinar el encuentro, lo que refuerza la idea de que había una red de comunicación y apoyo entre los funcionarios y los empresarios involucrados en la trama. Este tipo de interacciones plantea serias dudas sobre la integridad del proceso de adjudicación de contratos en un momento crítico para la salud pública.
La UCO ha señalado que la relación entre Koldo García, Torres y Aldama es un ejemplo claro de cómo las influencias políticas pueden comprometer la transparencia y la legalidad en la gestión de recursos públicos. A medida que la investigación avanza, se espera que se revelen más detalles sobre la magnitud de esta trama de corrupción y las posibles implicaciones legales para los involucrados.
La situación actual ha llevado a un aumento en la presión política sobre Torres, con llamados a su dimisión por parte de la oposición. A pesar de las acusaciones, el equipo de Torres ha negado cualquier implicación en actividades delictivas, calificando las acusaciones de infamias. Sin embargo, la gravedad de las revelaciones y la naturaleza de las interacciones documentadas en el informe de la UCO sugieren que la crisis política en Canarias podría estar lejos de resolverse.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra en cómo el Gobierno de Canarias manejará esta crisis y qué medidas se tomarán para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de contratos públicos en el futuro. La situación actual no solo afecta a los funcionarios involucrados, sino que también plantea preguntas sobre la confianza del público en las instituciones gubernamentales y su capacidad para actuar en el mejor interés de la ciudadanía.
