El Gobierno de Canarias reclama acceso inmediato a los mecanismos de seguimiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor el 12 de junio de 2026. La región no dispone de información oficial sobre plazos, recursos ni despliegue territorial. La falta de coordinación pone en riesgo la gestión de flujos migratorios en un archipiélago con alta presión fronteriza. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, advierte que la incertidumbre afecta la planificación de acogida, salud y empleo.
¿Por qué Canarias exige participación formal en el seguimiento del Pacto?
Canarias recibe el 72 % de las llegadas irregulares a España por vía marítima. Su condición de frontera exterior de la UE exige una adaptación operativa inmediata. Sin embargo, el Estado no ha convocado la Conferencia Sectorial de Inmigración, ni ha compartido el plan de implementación nacional. Esto viola el principio de leal cooperación entre administraciones.
La ausencia de información afecta la gestión diaria
Los servicios sociales canarios operan con datos obsoletos. No hay certeza sobre la asignación de fondos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI+). Tampoco se conoce el calendario para la activación de los Centros de Procesamiento Rápido (CPR) previstos en el pacto.
¿Qué implica la falta de coordinación para la acogida en Canarias?
La región gestiona más de 18.000 solicitudes de asilo anuales. Sin protocolos claros, los tiempos de resolución se alargan hasta 14 meses. Esto sobrecarga los recursos de alojamiento temporal y genera sobrecarga en los centros de primera acogida. La falta de previsión agrava la tensión en municipios como Arguineguín o La Restinga.
El impacto económico es directo y cuantificable
Cada persona en acogida cuesta al Gobierno canario 42 euros diarios. Sin financiación estatal o europea garantizada, el déficit acumulado superará los 28 millones de euros en 2026. Esto desvía fondos de educación y salud.
¿Qué exige el Gobierno canario al Estado?
La consejera Delgado exige tres compromisos inmediatos: acceso a los mecanismos de seguimiento del pacto, participación en la red de planes de contingencia migratoria, y la creación de una mesa técnica interadministrativa con plazos vinculantes. Canarias no acepta un rol consultivo: exige copresidencia en la toma de decisiones operativas.
El marco legal obliga a la colaboración
El artículo 149.1.2 de la Constitución española atribuye competencia compartida en inmigración. La Ley Orgánica 4/2000 exige coordinación entre administraciones. Además, el Reglamento (UE) 2024/1345 impone a los Estados miembros la creación de estructuras de gobernanza multivel. Canarias cumple con los requisitos técnicos y operativos para integrarse.
¿Cuál es el estado actual de la aplicación en España?
España no ha publicado aún su Plan Nacional de Implementación del Pacto. No hay resolución ministerial que detalle la distribución territorial de competencias. El Ministerio de Inclusión no ha remitido a las CCAA el informe previo exigido por el Real Decreto 111/2025. Esto genera un vacío normativo que Canarias no puede asumir unilateralmente.
Datos Clave
- El Pacto Europeo de Migración y Asilo entra en vigor el 12 de junio de 2026.
- Canarias recibe el 72 % de las llegadas irregulares por mar a España.
- El Gobierno regional no ha sido convocado a la Conferencia Sectorial de Inmigración.
- Falta un Plan Nacional de Implementación vinculante y publicado.
- El déficit estimado en acogida para 2026 supera los 28 millones de euros.
- El tiempo medio de resolución de asilo en Canarias es de 14 meses, muy por encima de la media UE (6,2 meses).
El contexto actual muestra una brecha crítica entre la ambición normativa europea y la capacidad real de ejecución en territorios fronterizos. El impacto económico no es secundario: afecta directamente al gasto social, al empleo local y a la estabilidad institucional. Desde el punto de vista práctico, la ausencia de protocolos comunes genera duplicidades, retrasos y vulneraciones de derechos. Legalmente, la exclusión de Canarias contradice tanto el ordenamiento nacional como el marco comunitario de gobernanza migratoria. La participación no es una petición política: es una exigencia técnica, legal y ética.
