La situación de los menores extranjeros no acompañados en Canarias ha alcanzado niveles críticos en los últimos años, lo que ha llevado a la Fiscalía a implementar medidas urgentes para abordar esta problemática. En el marco de las Jornadas de Delegados de Trata de Personas y Extranjería, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, ha compartido su perspectiva sobre los retos que enfrenta la comunidad en la atención y protección de estos menores.
La llegada masiva de menores extranjeros no acompañados ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones canarias. Desde 2021, más de 100.000 personas han llegado a las islas, lo que ha generado un colapso en los recursos disponibles. La fiscal superior ha destacado la necesidad de un enfoque colaborativo entre las diferentes comunidades autónomas para garantizar la adecuada atención de estos menores. «Es evidente que el Gobierno de Canarias no puede asumir en solitario la protección de todos estos menores», afirmó Farnés, subrayando la importancia de un reparto equitativo que permita su correcta integración.
### La Dificultad en la Determinación de la Edad
Uno de los principales desafíos que enfrenta la Fiscalía es la determinación de la edad de los menores que llegan a las islas. Muchos de ellos no traen documentos que validen su identidad, lo que complica el proceso de identificación. La Policía Nacional realiza un primer cribado basado en la apariencia física y entrevistas, pero en los casos dudosos, la Fiscalía se involucra para determinar la edad a través de diligencias preprocesales.
Farnés explicó que, en ocasiones, los menores aportan documentación posteriormente, como partidas de nacimiento o pasaportes, lo que puede llevar a reabrir diligencias. Sin embargo, la veracidad de estos documentos es a menudo cuestionada, lo que requiere la intervención de la Policía Científica para realizar informes periciales. Este proceso puede resultar en que menores sean trasladados a la península como mayores, lo que representa un grave problema que la Fiscalía busca evitar.
La fiscal superior también ha señalado que, en 2024, se incoaron expedientes de determinación de edad a 816 personas que inicialmente fueron consideradas mayores. De estos, 345 resultaron ser menores, lo que evidencia las deficiencias en el sistema de identificación. La Fiscalía ha adoptado medidas para mejorar este proceso, incluyendo la creación de protocolos que aseguren que todos los menores sean escuchados y atendidos adecuadamente.
### La Politización del Reparto de Menores
La politización del reparto de menores ha sido otro tema candente en las discusiones sobre la crisis migratoria en Canarias. Farnés ha expresado que este tema escapa a las competencias de la Fiscalía, pero ha enfatizado que es fundamental que todos los menores reciban la atención que necesitan. La sobreocupación de los centros de acogida ha llevado a situaciones críticas, donde los menores no reciben la atención adecuada debido a la falta de recursos.
«Los centros están sobreocupados y no pueden ofrecer la atención que estos menores requieren», afirmó. La fiscal superior ha instado a una colaboración más estrecha entre las diferentes comunidades autónomas para garantizar que los menores sean distribuidos de manera equitativa y reciban el apoyo necesario para su integración.
Además, ha resaltado la importancia de proporcionar asistencia letrada a los menores, un aspecto que actualmente presenta deficiencias en el sistema. La falta de recursos y la necesidad de más fiscales y personal especializado son cuestiones que deben abordarse para mejorar la situación de los menores extranjeros en Canarias.
La fiscal superior de Canarias ha sido clara en su compromiso de atender a todos los menores que llegan a las islas, asegurando que la Fiscalía ha hecho un esfuerzo significativo para garantizar que se respeten sus derechos. Sin embargo, también ha reconocido que el sistema enfrenta desafíos importantes que requieren atención y recursos adicionales.
La situación de los menores extranjeros no acompañados en Canarias es un tema complejo que involucra múltiples factores, desde la llegada masiva de personas hasta la capacidad de las instituciones para responder adecuadamente. La Fiscalía, bajo el liderazgo de María Farnés, está trabajando para mejorar la atención y protección de estos menores, pero es evidente que se necesita un esfuerzo conjunto y coordinado para abordar esta crisis de manera efectiva.
