Un informe interno de la Guardia Civil, fechado el 29 de abril de 2025, alertó sobre una red organizada para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO). El documento identificó a Santos Cerdán como líder de la trama. También señaló a Leire Díez y a personas vinculadas a Koldo García. La nota afirmó que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tenía conocimiento de la estrategia. No se adoptó ninguna medida pública tras su recepción.
¿Qué contenía el informe ‘Posibles estrategias de defensa ante investigaciones de la UCO’?
El documento no era especulativo. Era una evaluación técnica de los servicios de Información de la Guardia Civil. Detectó una campaña agresiva y coordinada contra los mandos de la UCO. Su objetivo era debilitar investigaciones sensibles para el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El informe vinculó la operación con intereses políticos del PSOE. Se redactó 27 días antes de que El Confidencial destapara el ‘caso fontanera’.
El papel clave del general Rafael Yuste
El exjefe de la UCO, Rafael Yuste, entregó el informe a la Audiencia Nacional. Lo hizo tras una solicitud formal de los investigadores. Yuste declaró ante la UCO los días 27 y 29 de mayo de 2026. Había archivado la nota en su correo corporativo. La recuperó tras una búsqueda exhaustiva. Su aportación convirtió el documento en prueba oficial del sumario.
¿Por qué no se actuó tras la denuncia interna?
El informe fue remitido a la superioridad el 12 de mayo de 2025. Aún así, no generó ninguna investigación interna ni cambio de protocolo. El Ministerio del Interior no dio respuesta pública. Tampoco se activó el Mecanismo de Protección de Denunciantes de la Ley 2/2023. Esa inacción prolongó la operatividad de la red durante más de un año. El vacío institucional permitió que la campaña continuara sin obstáculos.
El marco legal aplicable
La Ley Orgánica 10/1995 de la Guardia Civil exige transparencia en las actuaciones de los servicios de información. La Ley 2/2023 sobre protección de denunciantes obliga a investigar alertas internas sobre conductas ilícitas. El incumplimiento de ambos marcos puede derivar en responsabilidad disciplinaria y penal. El informe de abril de 2025 cumple los requisitos legales para ser considerado una denuncia formal.
¿Cuál es el impacto económico y reputacional de las ‘cloacas’?
Las ‘cloacas’ no son solo un problema institucional. Tienen coste económico directo. La UCO invirtió recursos humanos y técnicos en contramedidas. Se reasignaron más de 12 agentes especializados durante 2025. El daño reputacional afecta la credibilidad de las fuerzas de seguridad. Eso reduce la cooperación ciudadana y frena la eficacia de investigaciones anticorrupción. El sector privado también se ve afectado: inversores extranjeros revisan su confianza en la estabilidad institucional española.
Datos Clave
- El informe fue elaborado el 29 de abril de 2025 por los servicios de Información de la Guardia Civil.
- Identificó a Santos Cerdán como líder de la red y a Leire Díez como figura clave.
- Afirmó que Mercedes González, directora general, tenía conocimiento de la estrategia.
- Fue entregado formalmente a la Audiencia Nacional por el general Rafael Yuste en mayo de 2026.
- No se activó ninguna medida institucional tras su recepción en mayo de 2025.
¿Qué implica el conocimiento previo de la directora de la Guardia Civil?
El hecho de que Mercedes González tuviera conocimiento no equivale a participación. Pero sí activa obligaciones legales claras. La Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público exige actuación inmediata ante indicios de conductas ilícitas. Su inacción podría configurar una omisión grave. El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia: el conocimiento sin respuesta es equiparable a tolerancia institucional. Eso afecta la responsabilidad funcional de altos cargos.
El contexto actual del caso
El sumario avanza en la Audiencia Nacional. Ya hay tres imputados: Santos Cerdán, Leire Díez y un exasesor del Ministerio del Interior. Las escuchas y los correos electrónicos analizados confirman la existencia de una red operativa entre 2024 y 2025. El ‘caso fontanera’ sigue siendo la pieza central de la investigación. Pero el informe de abril de 2025 ha cambiado el eje del proceso: ahora se investiga también la falta de respuesta institucional.
