Dos centros de atención inmediata para menores migrantes no acompañados en Fuerteventura —Ayagaures y Ancor— cerrarán el 1 de julio de 2026. La decisión, atribuida a motivos económicos, afecta a 42 trabajadores y pone en riesgo la continuidad de la atención especializada a cerca de 40 menores. La gestión corre a cargo de la ONG Mundo Nuevo, que no ha propuesto alternativas laborales ni reubicaciones internas.
¿Por qué se cierran los centros Ayagaures y Ancor?
La asociación Mundo Nuevo justifica el cierre por insuficiencia presupuestaria. No obstante, el sindicato CC OO denuncia que la financiación pública no ha sido revisada desde 2019. Los contratos se mantuvieron bajo el régimen de emergencia migratoria, sin actualización de salarios ni condiciones laborales.
Los trabajadores llevan siete años con sueldos congelados
El recurso Ancor abrió en 2019, en pleno aumento de llegadas irregulares por vía marítima. Desde entonces, la plantilla no ha recibido ajustes salariales ni mejoras contractuales. La coordinadora de Intervención Social de CC OO Canarias, Zayda González Cedrés, señala que «una emergencia no puede justificar siete años de estancamiento laboral».
¿Qué dice la normativa sobre la atención a menores migrantes?
El Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor exigen que los recursos de acogida cuenten con personal estable, formado y remunerado conforme al sector social. Además, el Real Decreto 113/2021, que regula los centros de menores, exige licitaciones periódicas y evaluación de la calidad de los servicios.
Falta de nueva licitación genera inestabilidad estructural
La ausencia de una nueva convocatoria pública desde 2019 ha generado una situación de precariedad institucional. Los centros operan bajo contratos de emergencia, sin garantías de continuidad ni alineación con los estándares del Sistema de Protección a la Infancia.
¿Cuál es el impacto económico real del cierre?
El cierre no representa un ahorro neto para las arcas públicas. Por el contrario, implica costes ocultos: traslados forzados de menores, sobrecarga en centros de Gran Canaria y Tenerife, y aumento de gastos en coordinación interinsular. Según fuentes del Gobierno de Canarias, la reasignación de cada menor cuesta un 32 % más que su atención local.
El sector social pierde 42 empleos cualificados
Los 42 trabajadores despedidos incluyen educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales y personal de apoyo. Ninguno ha recibido oferta de reubicación en otros recursos gestionados por la Consejería de Derechos Sociales.
¿Qué pasa con los menores tras el cierre?
Los cerca de 40 menores acogidos serán redistribuidos en centros de otras islas. Esto rompe su vinculación territorial, afecta su proceso de integración escolar y dificulta la continuidad terapéutica. La coordinadora de CC OO advierte: «Los menores se llevan la peor parte de todo esto».
La contradicción con el discurso institucional es evidente
El cierre se produce una semana después de la visita del papa León XIV a Canarias, donde se reafirmó el compromiso con una acogida digna y humana. La decisión contrasta con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y con las directrices de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.
Datos Clave
- Los centros Ayagaures y Ancor atienden hasta 20 menores cada uno.
- 42 trabajadores han sido despedidos sin opción de reubicación.
- Los salarios están congelados desde 2019, sin actualización ni revisión contractual.
- No se ha realizado una nueva licitación pública desde 2019.
- El Gobierno de Canarias propuso una regularización que Mundo Nuevo rechazó.
- La redistribución de menores incrementa un 32 % los costes operativos.
El cierre refleja una brecha entre el marco legal de protección infantil y su aplicación real. La falta de inversión sostenible en infraestructura social y la dependencia de contratos de emergencia erosionan la calidad de la atención. La situación exige una revisión urgente de los mecanismos de financiación y una actualización obligatoria de los estándares de contratación en el ámbito de la protección a la infancia migrante.
