En 2025, 17.788 personas llegaron a las islas Canarias por la ruta atlántica. El 15% eran menores no acompañados, según el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Aunque las entradas cayeron un 62% respecto a 2024, la ruta sigue siendo una de las más mortíferas de Europa. Más de 3.400 personas murieron o desaparecieron en el intento.
¿Qué porcentaje de menores no acompañados llegó a Canarias en 2025?
El informe de CEAR confirma que 2.668 menores no acompañados desembarcaron en las islas el año pasado. Representan el 15% del total de llegadas. Es una cifra significativa, dada la caída generalizada de entradas. La mayoría provino de Gambia, Senegal, sur de Marruecos y Guinea Conakri.
¿Por qué sigue siendo alta la proporción de menores solos?
Los menores viajan solos por múltiples factores: conflictos armados, pobreza extrema y falta de protección estatal en sus países de origen. Además, las rutas se han vuelto más opacas. Los controles reforzados en Mauritania y Senegal desviaron los flujos hacia zonas con menos vigilancia y mayor riesgo.
¿Cuál es el impacto económico de esta situación en Canarias?
El aumento de menores no acompañados presiona los servicios públicos locales. Los cabildos insulares destinaron más del 22% de sus presupuestos sociales a acogida, salud mental y escolarización en 2025. El coste medio por menor superó los 18.500 euros anuales, según datos del Gobierno de Canarias. Esto afecta la sostenibilidad de los recursos en islas con alta dependencia turística y baja densidad poblacional.
¿Qué marco legal protege a los menores no acompañados en España?
La Ley Orgánica 4/2000 y la Ley 26/2015 de protección a la infancia establecen que todo menor no acompañado debe ser declarado en situación de protección de inmediato. La competencia es autonómica, pero la coordinación con el Ministerio de Inclusión depende del Sistema de Protección a la Infancia. En la práctica, hay retrasos en la designación de tutores y en la tramitación de expedientes de asilo o protección subsidiaria.
¿Qué dice la normativa europea al respecto?
El Reglamento Dublín III y la Directiva de Procedimientos de Asilo exigen evaluaciones individuales y rápidas. Sin embargo, en Canarias, el tiempo medio de evaluación superó los 78 días en 2025. Esto vulnera el principio de interés superior del menor, reconocido en el artículo 3 del Convenio sobre los Derechos del Niño.
Datos Clave
- El 15% de las 17.788 llegadas a Canarias en 2025 fueron menores no acompañados.
- Más de 3.400 personas murieron o desaparecieron en la ruta atlántica el año pasado.
- Las mujeres representaron el 10% de las llegadas, por encima de la media nacional (8%).
- El coste anual medio por menor no acompañado superó los 18.500 euros en Canarias.
- El tiempo medio de evaluación de protección fue de 78 días, por encima del límite recomendado por la UE.
El informe de CEAR advierte que la reducción de llegadas no equivale a menor riesgo. Las rutas se han vuelto más peligrosas y menos visibles. Los menores no acompañados siguen siendo los más expuestos a la explotación, la trata y la violencia. La respuesta institucional requiere coordinación real entre administraciones, presupuesto estable y cumplimiento estricto del interés superior del menor.
