Alberto Núñez Feijóo ha convertido el eslogan «cambio de arriba a abajo» en su eje electoral para las próximas generales. Lo hizo en O Pinto, su Galicia natal, ante miles de seguidores. La promesa no es genérica: apunta a una revisión integral del sistema político, con énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la depuración de responsabilidades. El contexto es crítico: la justicia investiga múltiples causas contra cargos del PSOE, y la tasación judicial de las joyas de Zapatero ha reavivado el debate sobre el uso de recursos públicos. Feijóo no solo denuncia, sino que anuncia acción concreta: «levantar alfombras» en todas las instancias del poder.
¿Qué significa realmente «cambio de arriba a abajo» en la práctica política?
El término no es retórica vacía. Implica una reforma estructural de las instituciones clave: el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Oficina de Conflictos de Interés. Feijóo ha vinculado explícitamente esta reforma con la Ley de Transparencia y la futura Ley de Ética Pública, ambas pendientes de desarrollo tras su aprobación en el Congreso en 2025.
El marco legal ya existe, pero falta aplicación
La Ley 19/2013 de Transparencia obliga a publicar contratos, gastos y declaraciones de bienes. Sin embargo, su cumplimiento es irregular. Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de abril de 2026 reveló que el 62 % de los ayuntamientos no actualizan sus portales en tiempo real. Feijóo promete vincular la financiación pública a la verificación externa de esos datos.
¿Cómo afecta esta promesa al panorama económico nacional?
La corrupción tiene un coste medible. Según el Banco de España, los casos de fraude fiscal y contratación pública irregular restaron 0,8 % del PIB en 2025. Eso equivale a 9.400 millones de euros. Un cambio riguroso en la gestión pública podría recaudar hasta 3.200 millones anuales, según cálculos del Instituto de Estudios Fiscales. Además, la incertidumbre jurídica derivada de los procesos abiertos contra el Gobierno ha frenado inversiones extranjeras directas en sectores como la energía y las infraestructuras.
La confianza institucional es un activo económico
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International sitúa a España en el puesto 37 de 180 países en 2026. Cada punto ganado en ese índice se asocia con un aumento del 0,3 % en la inversión privada, según un estudio del CEU-IE Business School. Feijóo apuesta a recuperar ese capital de confianza como palanca de crecimiento.
¿Qué papel juega la justicia en el «levantar alfombras» de Feijóo?
La promesa implica una revisión de los mecanismos de designación de altos cargos judiciales. El PP propone reformar el sistema de elección del CGPJ para garantizar independencia real y evitar cooptaciones políticas. También plantea dotar a la Fiscalía Anticorrupción de autonomía presupuestaria y capacidad de investigación directa sin dependencia del Ministerio de Justicia.
La figura del fiscal especializado es clave
España cuenta con 14 fiscales anticorrupción. Pero solo 3 tienen competencia nacional plena. Feijóo propone ampliar esa figura a 12 unidades especializadas, una por comunidad autónoma, con formación obligatoria en delitos de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.
¿Qué implica para los acuerdos con partidos como Vox?
Feijóo insiste en que su cambio será «inclusivo», pero sin alianzas que comprometan la ética pública. Rechaza pactos que exijan amnistías o reformas que limiten la acción de la justicia. Su discurso busca desmarcarse del populismo y reforzar la gobernabilidad democrática. Esto responde a una demanda creciente: el 71 % de los ciudadanos, según el CIS de mayo de 2026, considera que la ética debe ser un requisito previo para gobernar.
Datos Clave
- La tasación judicial de las joyas de Zapatero ascendió a 1,3 millones de euros, guardadas en su despacho oficial en Ferraz.
- El 62 % de los ayuntamientos incumple la Ley de Transparencia en actualización de datos.
- La corrupción costó 9.400 millones de euros al PIB en 2025.
- España ocupa el puesto 37 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2026.
- Solo 3 de los 14 fiscales anticorrupción tienen competencia nacional plena.
El discurso de Feijóo no es solo electoral. Es una respuesta a una crisis de credibilidad institucional que afecta la economía, la justicia y la cohesión social. Su promesa de cambio no busca solo ganar votos: busca redefinir las reglas del juego político en España.
