El decreto canario sobre precios de carburantes y la investigación a las gasolineras han irrumpido como ejes centrales en la agenda política regional. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, respondió en el Parlamento ante diputados sobre la aplicación del decreto y los avances en la investigación de posibles prácticas anticompetitivas. El caso afecta directamente a consumidores, operadores del sector y la estabilidad del mercado energético insular.
¿Qué implica el decreto canario sobre carburantes?
El decreto canario establece mecanismos de transparencia y control en la fijación de precios de gasolina y gasóleo. Su objetivo es mitigar la asimetría informativa entre operadores y consumidores. Entró en vigor tras la aprobación del Consejo de Gobierno en mayo de 2026 y obliga a las estaciones de servicio a publicar precios en tiempo real en una plataforma oficial.
Obligaciones clave para las gasolineras
- Publicación diaria de precios por tipo de combustible y marca.
- Registro de márgenes brutos en la cadena de suministro.
- Notificación inmediata de variaciones superiores al 5 % en 24 horas.
¿Por qué se investiga a las gasolineras en Canarias?
La investigación responde a denuncias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y reclamaciones ciudadanas. Se analiza si existen prácticas de colusión horizontal, fijación artificial de precios y ocultación de márgenes. El Parlamento canario ha solicitado informes técnicos a la Agencia Canaria de Consumo y a la Dirección General de Comercio.
Marco legal aplicable
- Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.
- Real Decreto-Ley 12/2023 sobre transparencia energética.
- Estatuto de Autonomía de Canarias (art. 31.2: competencia en política energética insular).
¿Cuál es el impacto económico real en los ciudadanos?
Los precios de los carburantes en Canarias son un 12,3 % superiores a la media nacional, según datos de la CNMC (junio 2026). Esa brecha se agrava en islas remotas como El Hierro o La Gomera, donde el coste logístico eleva los márgenes. El decreto busca reducir esa diferencia mediante control regulatorio activo, no solo declarativo.
Datos Clave
- El 68 % de las 1.240 gasolineras de Canarias ya cumplen con la publicación obligatoria de precios.
- La CNMC ha abierto 7 expedientes sancionadores por falta de transparencia desde abril de 2026.
- El Gobierno canario ha destinado 1,8 millones de euros al desarrollo de la plataforma de precios en tiempo real.
- Las quejas por diferencias abusivas de precio entre estaciones de la misma localidad aumentaron un 41 % en el primer trimestre de 2026.
¿Qué rol juega el Parlamento canario en esta investigación?
El Parlamento no lidera la investigación, pero ejerce control parlamentario efectivo. A través de preguntas orales, comparecencias y proposiciones no de ley, los diputados exigen rendición de cuentas. En la sesión plenaria del 24 de junio de 2026, se debatieron nueve iniciativas, entre ellas una propuesta para ampliar los poderes de inspección de la Agencia Canaria de Consumo.
Contexto actual y tendencias
La presión regulatoria se intensifica en paralelo a la entrada en vigor del Reglamento UE 2024/1237 sobre transparencia de precios energéticos. Canarias, por su condición de región ultraperiférica, dispone de flexibilidad para adaptar plazos, pero no exenciones. Además, el Tribunal de Justicia de la UE ha reiterado que la discriminación de precios por insularidad requiere justificación objetiva y proporcional.
El caso también cruza con la crisis sísmica en Tenerife: la interrupción de suministros en zonas afectadas ha puesto a prueba la resiliencia del sistema de distribución y revelado debilidades en la coordinación entre operadores privados y autoridades.
La investigación a las gasolineras no es un episodio aislado. Es parte de una estrategia más amplia para fortalecer la gobernanza energética insular, garantizar la lealtad comercial y proteger el poder adquisitivo de los hogares canarios. El decreto canario no sustituye la ley estatal, sino que la complementa con herramientas adaptadas a la realidad geográfica y económica del archipiélago.
