Un trabajador de 39 años sufrió lesiones graves al caer 15 metros desde una estructura en construcción en la calle Juan Padrón, Santa Cruz de Tenerife. El impacto se produjo sobre una rampa interior de garaje, lo que agravó la gravedad del incidente. Fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, bajo escolta policial. El caso activó el protocolo de accidente laboral y desplegó a la Inspección de Trabajo y Policía Científica.
¿Qué causó la caída de 15 metros en la obra de Tenerife?
El accidente ocurrió durante labores de construcción en un edificio en fase avanzada. No se confirmó el uso de equipos de protección individual (EPI) ni la instalación de barandillas de seguridad en la zona de trabajo. Las fuentes indican que el trabajador estaba en un nivel intermedio sin sistemas de anclaje ni redes anticaídas. La altura supera el umbral legal de 2 metros, que exige medidas preventivas obligatorias según el Real Decreto 2177/2004.
Falta de señalización y supervisión en altura
La zona no contaba con señalización de riesgo de caída, ni con supervisión directa de un técnico en prevención. El coordinador de seguridad no estaba presente en el momento del incidente. Esto viola el artículo 14 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que exige vigilancia continua en trabajos en altura.
¿Qué medidas legales se activaron tras el accidente?
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social asumió la investigación inmediata. Se inició un expediente sancionador por posible infracción grave o muy grave. El Real Decreto 1215/1997, sobre equipos de trabajo, exige que toda plataforma elevada tenga sistemas de retención certificados. Su ausencia puede acarrear multas de hasta 40.985 euros, según la gravedad.
Responsabilidad del contratista y subcontratista
La empresa principal y la subcontratista comparten la responsabilidad solidaria en prevención. Si se acredita negligencia en la formación o dotación de EPI, ambas podrían enfrentar sanciones penales bajo el Código Penal (artículo 316) por omisión del deber de vigilancia.
¿Cuál es el impacto económico de los accidentes en altura en Canarias?
Los accidentes laborales en altura representan el 22 % de los siniestros mortales en el sector de la construcción en Canarias (datos 2025 de la Mutua de Accidentes de Canarias). Cada caso grave genera costes directos promedio de 68.500 euros, incluyendo baja laboral, indemnizaciones y multas. Además, las empresas afectadas suelen sufrir una caída del 14 % en licitaciones públicas durante 12 meses, por pérdida de solvencia técnica.
Aumento de primas en seguros colectivos
Tras un accidente grave, las mutuas elevan las primas de seguro de riesgos laborales hasta un 35 % en el siguiente ejercicio. Esto afecta directamente la competitividad de las pymes constructoras locales, especialmente en un contexto de escasez de mano de obra cualificada.
¿Qué cambios prácticos exige la normativa actual en obras de Canarias?
El Reglamento de Seguridad en Trabajos en Altura (RD 1215/1997) obliga a evaluar el riesgo antes de cada jornada. En Canarias, la Dirección General de Trabajo exige además planes específicos para zonas con viento fuerte o humedad elevada, factores que reducen la adherencia y aumentan el riesgo de resbalón.
Formación obligatoria y certificación anual
Todo trabajador en altura debe poseer el certificado de formación en trabajos verticales, renovable cada 12 meses. La falta de actualización es causa frecuente de sanciones. En 2025, el 63 % de las inspecciones en Tenerife detectaron certificados caducados o inexistentes.
Datos Clave
- La caída se produjo desde 15 metros, superando el umbral legal de 2 m que exige protección obligatoria.
- Se activó el protocolo de accidente laboral con intervención de Inspección de Trabajo y Policía Científica.
- El trabajador fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
- La falta de EPI certificados y señalización de riesgo son infracciones graves bajo la Ley 31/1995.
- Cada accidente grave en altura cuesta, en promedio, 68.500 euros a la empresa y al sistema.
- El 63 % de las inspecciones en Tenerife detectaron certificados de formación caducados en 2025.
