Vox presiona al Gobierno de Canarias para que pase de declaraciones a acciones concretas ante el expansionismo marroquí en el Sáhara Occidental. La región carece de competencias en política exterior, pero su posición geopolítica y su vínculo histórico con África obligan a una postura ética y coherente. La presión parlamentaria se intensifica tras el ataque con drones que mató a tres miembros del Frente Polisario, y revela tensiones entre soberanía estatal y responsabilidad regional.
¿Qué exige Vox al Gobierno canario frente al Sáhara?
Vox exige actos, no solo declaraciones. La diputada Paula Jover reclamó en comisión parlamentaria que el Ejecutivo regional traduzca su apoyo al pueblo saharaui en medidas tangibles. Criticó la falta de iniciativas concretas, como apoyo humanitario directo, cooperación con organizaciones saharauis o posicionamientos institucionales en foros internacionales donde Canarias tenga voz.
El marco competencial limita, pero no anula la responsabilidad
El viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, recordó que las relaciones exteriores son competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, destacó que Canarias puede actuar en cooperación internacional, desarrollo sostenible y derechos humanos dentro de sus atribuciones. Eso incluye financiar proyectos con ONGs que trabajan en los campamentos de refugiados saharauis o promover campañas de sensibilización en centros educativos.
¿Qué dice el Gobierno canario sobre el derecho internacional?
El Gobierno regional reafirmó su respaldo a las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental. Subrayó la ilegalidad de cualquier acción unilateral en el territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui. Perestelo afirmó: «Nos sentimos hermanados con el pueblo saharaui. Cualquier agresión que sufra también nos interpela».
La paradoja de la cooperación con Marruecos
Canarias mantiene una relación fluida con Marruecos en comercio, pesca y seguridad marítima. Pero esa cooperación no puede ignorar las violaciones del derecho internacional. El equilibrio entre pragmatismo y principios es clave. El Gobierno regional defiende el diálogo, pero debe garantizar que no se normalice la ocupación del Sáhara.
¿Qué impacto económico tiene el silencio institucional?
El silencio del Gobierno de Canarias —y del Estado— tiene costes reales. Empresas canarias con operaciones en Marruecos podrían verse afectadas por sanciones internacionales si se vinculan con actividades en territorios ocupados. Además, la imagen de la región como puente entre Europa y África se deteriora si se percibe como cómplice por omisión. El turismo, sector clave, también depende de una reputación ética sólida.
El papel de los fondos europeos
Canarias recibe fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI). Estos fondos exigen coherencia con los valores de la UE, incluido el respeto a los derechos humanos y la autodeterminación. Cualquier proyecto financiado con fondos europeos debe evitar vínculos con actores que violen el derecho internacional.
¿Qué dice la oposición sobre el silencio de España y la UE?
El diputado de Coalición Canaria Mario Cabrera calificó de «silencio cómplice y vergonzoso» la inacción del Gobierno de España y la Unión Europea tras el ataque con drones marroquíes. Señaló que Canarias no puede mirar hacia otro lado: «El silencio nunca ha sido una forma de resolver los conflictos». Su crítica pone en evidencia una fractura ética en la política exterior española.
Datos Clave
- El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo según la ONU desde 1963.
- Marruecos ocupa más del 80 % del territorio saharaui desde 1975, tras el Acuerdo de Madrid.
- La Corte Internacional de Justicia dictaminó en 1975 que no existía vínculo de soberanía entre Marruecos y el Sáhara.
- Canarias es la región española con mayor proximidad geográfica y cultural al Sáhara, lo que implica una responsabilidad histórica y política.
- El Frente Polisario es reconocido por la ONU como representante legítimo del pueblo saharaui.
¿Qué marco legal regula la actuación de Canarias en política exterior?
La Constitución española atribuye las relaciones exteriores al Estado. Sin embargo, el Estatuto de Autonomía de Canarias permite actuaciones en cooperación internacional, especialmente en África. La Ley 1/2002 de Cooperación Internacional de Canarias establece que la región puede desarrollar programas de ayuda humanitaria, educación y desarrollo en países vecinos, siempre que no contradigan la política exterior del Estado. Ese margen legal permite respaldar al pueblo saharaui sin invadir competencias estatales.
