La situación en la Administración Pública de Canarias se ha vuelto tensa tras la falta de respuesta del Gobierno regional a las demandas de los empleados públicos. Las organizaciones sindicales han expresado su descontento, acusando al presidente Fernando Clavijo de ignorar sus preocupaciones y de no facilitar un diálogo efectivo. Este clima de descontento ha llevado a los sindicatos a considerar movilizaciones y huelgas como una forma de hacer oír su voz.
### La Falta de Diálogo y la Negociación Colectiva
Los sindicatos han manifestado su frustración al afirmar que el Gobierno de Canarias ha «secuestrado» la negociación colectiva. En una reciente rueda de prensa, Manuel González, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), subrayó que la actitud del Ejecutivo es inaceptable. Según González, la falta de comunicación y la ausencia de respuestas a las demandas de los trabajadores han llevado a una situación insostenible. «Nos sentimos ninguneados», afirmó, haciendo eco del sentir de muchos empleados públicos que ven cómo sus derechos e intereses son ignorados.
Las asambleas programadas para el 14 y 15 de mayo en Tenerife y Gran Canaria tienen como objetivo discutir las acciones a seguir. Los sindicatos no descartan la posibilidad de convocar movilizaciones o incluso una huelga si el Gobierno no responde a sus demandas. La situación se complica aún más con el anuncio reciente de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, sobre el inicio del proceso de ordenación del personal laboral. Sin embargo, los sindicatos han criticado que se enteraron de este proceso a través de los medios de comunicación, lo que refuerza su percepción de ser excluidos del diálogo.
### Demandas Históricas y Propuestas de Mejora
Entre las demandas que los sindicatos han planteado se encuentra la necesidad de implementar una jubilación parcial efectiva, que permita un relevo generacional ordenado y digno. Fernando Ravelo, del Sindicato de Base de Canarias (Co.bas), ha enfatizado la importancia de esta medida para garantizar un futuro sostenible en la administración pública. Además, los sindicatos han señalado el incumplimiento de los plazos establecidos en los procesos de estabilización del personal temporal, un tema que ha generado gran preocupación entre los empleados.
La Ley 20/2021, que busca reducir la temporalidad en el empleo público, establece que los procesos selectivos de estabilización deben concluir antes de diciembre de 2024. Sin embargo, los sindicatos han advertido que, a pesar de que alrededor de 4,000 empleados están afectados por estos procesos, los avances son lentos y con retrasos significativos. Manuel González ha dejado claro que este problema no es un logro del actual Gobierno, sino que es una herencia de la administración anterior, lo que añade un nivel de complejidad a la situación actual.
Los sindicatos han expresado su disposición a colaborar con el Gobierno en la elaboración de un plan que reconozca los derechos del personal laboral y promueva la justicia social. Sin embargo, han dejado claro que necesitan ser parte activa del proceso y no simplemente receptores de decisiones ya tomadas. Yolanda Cívicos, de Intersindical Canaria, ha manifestado que, aunque están dispuestos a trabajar de manera conjunta, la falta de información y comunicación por parte del Ejecutivo es un obstáculo que debe ser superado.
La situación en la Administración Pública de Canarias es un reflejo de las tensiones que pueden surgir cuando los gobiernos no mantienen un diálogo abierto y efectivo con los sindicatos. La falta de respuesta a las demandas de los empleados públicos no solo afecta a los trabajadores, sino que también puede tener repercusiones en la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. A medida que se acercan las fechas de las asambleas, la presión sobre el Gobierno para que actúe de manera responsable y comprometida con los derechos de los empleados públicos aumenta. Los sindicatos están decididos a hacer valer sus derechos y a luchar por un futuro más justo y equitativo para todos los trabajadores de la administración pública en Canarias.
