La abogada Leticia de la Hoz, defensora de Koldo García, niega categóricamente haber intentado sobornar a la empresaria Carmen Pano con 50.000 euros. Lo hace ante la UCO de la Guardia Civil, aportando audios, mensajes de WhatsApp y documentación probatoria. Su versión contradice directamente el auto del juez Santiago Pedraz, quien vincula ese dinero con una maniobra para silenciar a Pano sobre entregas de efectivo en Ferraz, sede federal del PSOE.
¿Qué alega la defensa frente al auto de Pedraz?
La letrada sostiene que la reunión del 14 de febrero de 2025 no tuvo como finalidad influir en la declaración de Pano. Afirma que fue la propia empresaria quien solicitó el encuentro. El tema central, según De la Hoz, era la venta de varias operadoras de hidrocarburos, no la modificación de su testimonio sobre las bolsas de dinero.
El juez Pedraz, en cambio, califica esa acción como un intento de «comprar» la declaración. Lo hace dentro de su investigación sobre las llamadas ‘cloacas de Ferraz’, un entramado que supuestamente operaba en la sombra del PSOE para gestionar fondos no declarados.
El contexto económico del caso
Las entregas que denuncia Pano —90.000 euros en dos tandas de 45.000— se vinculan con la tramitación de una licencia de operador de hidrocarburos. Ese sector mueve más de 12.000 millones de euros anuales en España. Cualquier irregularidad en su regulación afecta directamente a la transparencia administrativa y a la competencia leal.
¿Qué papel juega Leire Díez en esta trama?
Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’, es señalada por Pedraz como la coordinadora de la presunta red de influencia en Ferraz. Su figura conecta el caso Koldo con investigaciones previas sobre financiación opaca en el sector energético. No hay sentencia firme contra ella, pero su nombre aparece en múltiples diligencias sobre gestión de fondos no contabilizados.
La contradicción entre versiones
- Pano declaró ante la UCO, en la instrucción del caso de hidrocarburos y en el juicio del caso Koldo.
- Situó las entregas en octubre de 2020.
- Atribuyó los fondos al entorno de Villafuel, empresario con múltiples expedientes abiertos.
- De la Hoz afirma que nunca hubo propuesta de dinero a cambio de silencio.
¿Qué marco legal regula este tipo de conductas?
El Código Penal español castiga el cohecho (artículo 423) y la intervención indebida en asuntos públicos (artículo 430). También aplica la Ley de Transparencia, que exige rendición de cuentas sobre fondos destinados a partidos políticos. La Ley de Partidos Políticos prohíbe expresamente financiación ilegal o no declarada.
Datos Clave
- La reunión del 14 de febrero de 2025 es el eje central de la acusación de intento de soborno.
- Los 50.000 euros nunca fueron entregados, según consta en los registros de la UCO.
- Carmen Pano mantiene su versión sobre las 90.000 euros entregadas en Ferraz.
- El caso forma parte de una investigación más amplia sobre financiación irregular en partidos políticos.
- La defensa de Koldo ha presentado pruebas digitales para desmontar la tesis del juez Pedraz.
¿Cuál es el impacto real en la confianza institucional?
Cada caso como este erosiona la percepción de integridad en la gestión pública. Según el Barómetro del CIS de 2025, el 68 % de los ciudadanos considera que la financiación de partidos es opaca. El caso Koldo no es aislado: se suma a otras investigaciones como Operación Tándem o Caso Villarejo, que han puesto en evidencia lagunas en el control de fondos partidarios.
La importancia de la prueba digital
Los audios y mensajes de WhatsApp aportados por De la Hoz no son meros complementos. Son pruebas electrónicas válidas bajo la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su autenticidad será evaluada por los jueces del Tribunal Supremo. Si resultan veraces, podrían invalidar una pieza clave del auto de Pedraz.
El caso sigue abierto. No hay sentencia definitiva. Pero ya ha generado un efecto dominó: el PSOE ha anunciado una auditoría interna de sus cuentas de 2020 a 2023. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación a otros tres responsables de la sede de Ferraz. El escenario no es solo judicial: es político, económico y ético.
