La situación en San Bartolomé de Tirajana, el municipio turístico más grande de Canarias, ha generado un intenso debate en torno a la reciente normativa que regula el uso residencial en zonas turísticas. En una sesión plenaria celebrada el pasado martes, el Ayuntamiento, a instancias del grupo socialista, aprobó por unanimidad una moción que insta al Gobierno canario a derogar con carácter urgente el decreto-ley 2/2025, que establece medidas sobre el uso turístico del suelo. Esta decisión refleja la creciente preocupación de los propietarios de viviendas en áreas turísticas, quienes se sienten amenazados por las sanciones impuestas por la normativa actual.
La moción, presentada por el concejal Kevin Paz, busca suspender las sanciones que actualmente afectan a los propietarios de viviendas en suelo turístico. La propuesta se fundamenta en la necesidad de proteger a los ciudadanos que, en muchos casos, han invertido en propiedades con la expectativa de poder utilizarlas como residencias. La enmienda aprobada también solicita la modificación de la ley 2/2013 de renovación y modernización turística de Canarias, específicamente en lo que respecta a la compatibilidad de los usos residenciales en parcelas calificadas como turísticas.
### La problemática del decreto-ley 2/2025
El decreto-ley 2/2025, promulgado el 17 de marzo de 2025, ha sido objeto de críticas por su enfoque restrictivo hacia el uso residencial en áreas turísticas. Según los detractores de la normativa, el decreto no solo impone sanciones a los propietarios, sino que también les obliga a presentar una serie de documentos complejos para solicitar la suspensión de las sanciones. Esta carga administrativa ha sido calificada como «tediosa» y «casi inviable» por Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde y portavoz de Coalición Canaria (CC).
La moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana propone que los usos residenciales existentes antes del 1 de enero de 2017 sean considerados compatibles, siempre que la ordenación urbanística haya ejecutado la especialización de usos en las zonas turísticas. Esto significaría que los propietarios no tendrían que reconocer una supuesta ilegalidad para poder solicitar la suspensión de las sanciones, lo que podría aliviar la presión sobre muchos ciudadanos que se encuentran en una situación incierta.
La unanimidad en el pleno refleja un consenso entre los diferentes grupos políticos, incluidos los que forman parte de la coalición que gobierna en Canarias. Este apoyo transversal indica que la preocupación por la situación de los propietarios de viviendas en zonas turísticas trasciende las diferencias políticas, lo que podría facilitar un cambio en la normativa vigente.
### Implicaciones para el futuro del turismo en Canarias
La decisión del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no solo tiene implicaciones para los propietarios de viviendas, sino que también podría afectar al futuro del turismo en la región. La presión sobre el Gobierno canario para modificar la normativa refleja una necesidad de equilibrar el desarrollo turístico con los derechos de los propietarios. En un contexto donde el turismo es una de las principales fuentes de ingresos para la economía canaria, es fundamental encontrar un enfoque que permita el crecimiento sostenible del sector.
La propuesta de redactar un nuevo decreto que suspenda las sanciones durante un periodo de dos años, sin que los propietarios tengan que solicitarlo, podría ser un paso hacia la creación de un entorno más favorable para los inversores y propietarios de viviendas. Esto podría incentivar la inversión en el sector turístico y contribuir a la modernización de las infraestructuras en la región.
Sin embargo, la implementación de estos cambios no será sencilla. La necesidad de un marco normativo claro y justo es esencial para garantizar que los intereses de todos los actores involucrados, incluidos los turistas, los propietarios y el Gobierno, sean considerados. La situación actual pone de manifiesto la complejidad de la gestión del turismo en un destino tan popular como San Bartolomé de Tirajana, donde la demanda de alojamiento turístico sigue siendo alta.
En resumen, la moción aprobada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es un reflejo de la creciente preocupación por la normativa que regula el uso residencial en zonas turísticas. La presión para derogar el decreto-ley 2/2025 y la propuesta de un nuevo marco normativo podrían marcar un cambio significativo en la forma en que se gestionan las residencias en suelo turístico en Canarias. A medida que avanza el debate, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones entre el Ayuntamiento y el Gobierno canario para encontrar una solución que beneficie a todos los involucrados.
