El proceso de regularización extraordinaria lanzado por el Gobierno de España el 16 de abril de 2026 ha generado tensiones en Canarias. Más de 45.000 personas podrían beneficiarse en las islas. Sin embargo, la falta de coordinación estatal, la sobrecarga administrativa en municipios y la ausencia de protocolos claros están frenando su efectividad. Las entidades locales denuncian que asumen funciones sin formación ni recursos. El Foro Canario de la Inmigración ya actúa para contener el impacto.
¿Por qué los ayuntamientos canarios se sienten abandonados en la regularización migratoria?
Los ayuntamientos canarios, especialmente los pequeños, no cuentan con estructura técnica ni personal especializado para gestionar trámites de extranjería. El Estado transfirió tareas clave —como la verificación de residencia, la emisión de certificados y el soporte documental— sin dotarlos de formación previa ni financiación adicional.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, reconoció que muchos municipios operan con una sola trabajadora social. Esa sobrecarga afecta la calidad del servicio y genera retrasos en la tramitación. Además, la información oficial llegó con retraso y carecía de instrucciones operativas concretas.
Falta de competencias pero sí de responsabilidades
Canarias no tiene competencia en extranjería, materia reservada al Estado. Sin embargo, la Administración autonómica asumió la formación de 650 profesionales para anticiparse al vacío. Esto evidencia una brecha entre atribuciones legales y realidades prácticas. La descentralización sin transferencia de recursos es insostenible.
¿Cómo está respondiendo el Gobierno de Canarias ante la crisis administrativa?
El Foro Canario de la Inmigración activó un grupo de trabajo coordinado por Elisabeth Santana, directora general de Servicios Sociales e Inmigración. Su objetivo es estandarizar respuestas, mejorar la comunicación entre administraciones y alinear criterios con entidades colaboradoras acreditadas.
Participan organizaciones clave como CEAR Canarias, Incan, Solidaridad Venezuela, Arena y Laurisilva, Comisiones Obreras Canarias y la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife. También se consultó a la Fecam y la Fecai para incorporar la voz de los ayuntamientos y cabildos.
Coordinación interadministrativa como prioridad urgente
El grupo trabaja en protocolos comunes de atención, flujos de información en tiempo real y canales de derivación ágiles. Se prioriza la interoperabilidad entre sistemas municipales y la plataforma estatal de regularización extraordinaria. Sin esto, los duplicados y errores documentales seguirán creciendo.
¿Cuál es el impacto económico real de la paralización burocrática?
La demora en la regularización frena la integración laboral de miles de personas. Según estimaciones del Instituto Canario de Estadística, el 68 % de los potenciales beneficiarios ya trabajan en el sector servicios, construcción y agricultura. Su situación irregular limita sus contratos, impide la cotización y reduce la recaudación tributaria.
Además, los ayuntamientos destinan recursos propios —personal, tiempo y logística— a una función estatal. Esto desvía fondos de políticas sociales esenciales como atención a la infancia o dependencia. El coste oculto supera los 3,2 millones de euros anuales en la región, según cálculos preliminares del Gobierno canario.
Marco legal: ¿dónde está la responsabilidad?
El Real Decreto-ley 11/2023 establece que la regularización corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, su artículo 7 permite la colaboración con entidades locales sin definir límites de responsabilidad ni mecanismos de compensación. Esa ambigüedad legal alimenta la sobrecarga actual.
¿Qué datos clave deben conocer los gestores públicos y las ONG?
- Se estima que 45.000 personas en Canarias podrían acceder a la regularización extraordinaria.
- Más del 70 % de los ayuntamientos reportan falta de formación específica para gestionar los trámites.
- El Gobierno de Canarias formó a 650 profesionales, pese a carecer de competencias en extranjería.
- La Fecam y la Fecai advirtieron que los municipios pequeños operan con una única trabajadora social en muchos casos.
- El retraso en la entrega de instrucciones oficiales afectó la fase inicial de tramitación en más del 90 % de los municipios.
El proceso no es solo administrativo: es una prueba de resiliencia institucional. La capacidad de Canarias para articular respuestas coordinadas definirá su rol en futuras políticas migratorias nacionales. La presión sobre los ayuntamientos no es técnica: es estructural. Y su solución exige claridad legal, financiación real y reconocimiento competencial.
