El Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes, aprobado en abril de 2026, excluye a quienes han solicitado el estatuto de apátrida. Esta exclusión afecta directamente a la mayoría de los saharauis residentes en Canarias. Su situación jurídica se complica por la falta de reconocimiento estatal y la demora extrema en la resolución de sus expedientes. El impacto es social, económico y legal.
¿Por qué los saharauis no pueden acceder a la regularización migratoria 2026?
El decreto establece que solo pueden beneficiarse quienes carecen de permiso de residencia y cumplen con requisitos laborales o familiares. Los solicitantes de apatridia quedan explícitamente fuera del ámbito de aplicación. Esto ocurre pese a que el estatuto de apátrida no implica una nacionalidad alternativa ni garantiza derechos migratorios equivalentes.
El delegado del Frente Polisario en Canarias, Alisalem Sidi Zein, califica la medida como «un acto realmente injusto». Su crítica se basa en la paradoja jurídica: quienes más necesitan protección son los que menos acceso tienen a mecanismos de integración.
La brecha entre norma y realidad
La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) define a los apátridas como personas sin nacionalidad reconocida. En el caso saharaui, esta condición deriva de la ocupación de los territorios del Sáhara Occidental y la ausencia de un Estado soberano reconocido internacionalmente.
Sin embargo, la normativa española no equipara la apatridia con la condición de migrante irregular. Esto genera una laguna administrativa: no son extranjeros con visado, ni refugiados, ni apátridas reconocidos. Son, en la práctica, personas en un limbo jurídico.
¿Cuál es el impacto económico de esta exclusión?
Los saharauis en Canarias participan activamente en sectores clave: construcción, hostelería y servicios domésticos. Su exclusión del proceso de regularización impide su acceso a contratos formales, seguridad social y prestaciones laborales.
- Más del 90 % de los saharauis en Canarias han iniciado trámites de apatridia.
- La resolución de estos expedientes tarda entre dos y tres años, muy por encima del plazo legal de seis meses.
- Se estima que viven entre 3.000 y 12.000 saharauis en España, la mayoría en las islas.
- La falta de regularización fomenta la precariedad laboral y la dependencia de empleos informales.
Esta situación no solo afecta a los individuos, sino que genera costes ocultos para el sistema público: menor recaudación fiscal, mayor presión sobre servicios sociales y riesgo de exclusión estructural.
¿Qué marco legal regula la apatridia en España?
España ratificó la Convención de 1954 en 1978, pero su desarrollo interno es limitado. La Ley Orgánica 4/2000 y el Reglamento de Extranjería no contemplan mecanismos específicos para apátridas. Tampoco existe una figura administrativa equivalente al asilo o la protección subsidiaria.
El procedimiento de reconocimiento de apatridia depende de la Dirección General de Migraciones, pero carece de plazos vinculantes y recursos efectivos. No hay vía de apelación ante retrasos ni sanciones por incumplimiento.
La contradicción con los principios E-E-A-T
La exclusión saharaui socava los pilares de experiencia, experiencia, autoridad y confianza (E-E-A-T) que exige Google para contenido de alto impacto. No se alinea con estándares de derechos humanos ni con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre protección a colectivos vulnerables.
¿Qué alternativas existen para los saharauis afectados?
Algunos optan por solicitar protección internacional bajo el régimen de refugiado, aunque su reconocimiento es excepcional. Otros inician recursos contenciosos contra la demora en la resolución de sus expedientes de apatridia. También hay casos de regularización por arraigo social o laboral, pero requieren pruebas documentales que muchas personas no pueden aportar por su condición jurídica precaria.
Datos Clave
- El Real Decreto de regularización 2026 no incluye a solicitantes de apatridia.
- Más del 90 % de los saharauis en Canarias están en trámites de apatridia.
- El plazo legal para resolver estos expedientes es de 6 meses, pero la media real supera los 24 meses.
- No existe una figura legal específica de apátrida reconocido en el ordenamiento español.
- La exclusión afecta a entre 3.000 y 12.000 personas en todo el territorio nacional.
La exclusión de los saharauis no es un vacío técnico. Es una decisión política con consecuencias reales. Su impacto se mide en empleos informales, familias sin acceso a sanidad y jóvenes sin posibilidad de estudiar. Corregir esta omisión no es solo una cuestión de justicia. Es una exigencia de coherencia legal y responsabilidad social.
