Más del 65 % de las cooperativas de Canarias enfrenta riesgo real de disolución por no haber podido adaptar sus estatutos a la Ley 4/2022. La Administración pública no resolvió a tiempo los expedientes. El Parlamento amplió el plazo hasta el 10 de enero de 2027. Sin esa prórroga, miles de sociedades habrían entrado en liquidación forzosa. La economía social canaria —clave en empleo y cohesión territorial— está en juego.
¿Por qué más del 65 % de las cooperativas de Canarias están en riesgo de desaparecer?
La Ley 4/2022, de Sociedades Cooperativas de Canarias, exigió a todas las cooperativas constituidas antes de su entrada en vigor (31 de octubre de 2022) que adaptaran sus estatutos en un plazo de tres años. El plazo original vencía el 10 de enero de 2026.
Pero la realidad fue distinta. Las cooperativas presentaron sus solicitudes a tiempo. Sin embargo, el Registro de Sociedades Cooperativas de Canarias no pudo tramitarlas por sobrecarga administrativa. El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, lo reconoció públicamente: «una espada de Damocles».
La ampliación del plazo no fue un gesto de flexibilidad. Fue una corrección técnica ante un fallo sistémico.
¿Qué implica no adaptarse a la Ley 4/2022 antes del 10 de enero de 2027?
El incumplimiento no es sancionable con multa. Es estructural: la cooperativa pierde su personalidad jurídica. Automáticamente entra en fase de liquidación.
Esto afecta a activos, contratos, empleos y subvenciones. No se trata de un trámite burocrático. Es una condición para seguir operando legalmente.
¿Qué ocurre con los trabajadores y los socios?
Los socios pierden su condición de copropietarios. Los trabajadores asalariados pueden quedar sin contrato válido. Las ayudas públicas —como las del Programa de Apoyo a la Economía Social— dejan de ser accesibles.
¿Cómo afecta esto a la economía de Canarias?
Las cooperativas representan el 12 % del tejido empresarial insular. Generan más del 8 % del empleo total. En zonas rurales y de montaña, son el único motor económico estable.
Su desaparición masiva tendría impacto directo en:
- La cohesión territorial, especialmente en islas menores.
- La resiliencia frente a crisis, pues su modelo prioriza reinversión sobre reparto de beneficios.
- El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 8 (trabajo decente) y ODS 10 (reducción de desigualdades).
¿Qué dice el marco legal actual?
La disposición transitoria segunda de la Ley 4/2022 fue modificada en enero de 2026. Ahora establece que el plazo final es el 10 de enero de 2027. No hay nuevas prórrogas previstas. La norma es clara: sin adaptación, no hay validez legal.
¿Qué datos clave deben saber los gestores cooperativos?
- Más del 65 % de las cooperativas no ha completado la adaptación estatutaria.
- El Registro de Sociedades Cooperativas sigue con retrasos acumulados en resoluciones.
- La Ley 4/2022 exige cambios en gobernanza, transparencia financiera y participación societaria.
- Las cooperativas que no actúen antes de enero de 2027 entran en liquidación obligatoria.
- La Consejería de Turismo y Empleo reconoce que la economía social es un sector prioritario, pero no ha reforzado los recursos del registro.
¿Qué se puede hacer ahora?
Las cooperativas deben revisar su expediente en el Registro. Si ya presentaron la solicitud, deben exigir resolución expresa. Si no lo han hecho, deben priorizar la adaptación con asesoramiento jurídico especializado en derecho cooperativo.
No basta con redactar nuevos estatutos. Es necesario cumplir con los requisitos de publicidad, aprobación en asamblea y depósito formal. Cualquier omisión invalida el proceso.
El retraso administrativo no exime de responsabilidad. La ley no contempla causas de fuerza mayor para este trámite. La prórroga es una oportunidad única —no una garantía de impunidad.
