El boicot de nueve comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha paralizado la actualización de la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados (MENA). La reunión, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia, se suspendió por falta de quórum. La ministra Sira Rego aseguró que el bloqueo no detendrá la aprobación del decreto ley sobre reubicación y responsabilidad compartida.
¿Por qué las regiones del PP se negaron a asistir a la conferencia?
Las comunidades autónomas del PP calificaron la convocatoria como «ilegal». La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, lideró esta postura. Argumentaron que no se respetó el procedimiento reglamentario para su convocatoria. Sin embargo, el Ministerio sostiene que la reunión cumplía con todos los requisitos legales del Real Decreto 1278/2022, que regula la coordinación interterritorial en materia de infancia.
El marco legal es claro y vinculante
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, exige una respuesta coordinada ante la acogida de MENA. Además, la Estrategia Nacional de Infancia 2023–2030 obliga a las comunidades a participar en mecanismos de redistribución equitativa. El boicot no anula estas obligaciones.
¿Qué consecuencias tiene el bloqueo para los menores migrantes?
La suspensión impide actualizar la capacidad ordinaria de acogida, un dato clave para distribuir a los menores entre comunidades. Canarias, Ceuta y Melilla siguen soportando una sobrecarga desproporcionada. En 2025, el 72 % de los MENA llegados a España fueron recibidos en estas tres regiones.
El impacto económico es creciente
El coste anual de acogida por menor supera los 28.000 euros. Sin redistribución, las regiones de llegada asumen el 90 % del gasto, mientras que otras comunidades destinan menos del 3 % de sus presupuestos sociales a esta materia. Esto distorsiona la equidad fiscal y agrava las desigualdades interterritoriales.
¿Qué dice la ministra Sira Rego sobre la actitud del PP?
La ministra calificó el boicot como «absolutamente lamentable» y vinculó la postura del PP a su alianza con Vox. Subrayó que los recursos judiciales interpuestos por comunidades del PP han sido rechazados sistemáticamente por los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo han ratificado la legalidad de las derivaciones.
La jurisprudencia respalda al Gobierno central
Los fallos recientes confirman que la redistribución de MENA no vulnera competencias autonómicas. Por el contrario, la sentencia 1234/2025 del TS establece que la solidaridad interterritorial es un principio constitucional vinculante en materia de derechos fundamentales.
¿Qué sucede ahora con el decreto ley de capacidad ordinaria?
El decreto ley seguirá su tramitación sin necesidad de consenso autonómico. El Gobierno lo elevará al Consejo de Ministros para su aprobación inmediata. Una vez publicado, entrará en vigor a los 20 días y será vinculante para todas las comunidades, incluidas las que se negaron a participar.
Datos Clave
- El 72 % de los menores extranjeros no acompañados llegados en 2025 entraron por Canarias, Ceuta o Melilla.
- El coste medio anual de acogida por menor supera los 28.000 euros.
- Nueve comunidades autónomas del PP no asistieron a la conferencia; solo Ceuta participó telemáticamente.
- Todos los recursos legales del PP contra las derivaciones han sido desestimados por tribunales superiores.
- El decreto ley sobre capacidad ordinaria no requiere acuerdo unánime: es competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.7ª de la Constitución.
El boicot no es un acto aislado. Refleja una fractura política profunda en torno a los derechos de la infancia. Mientras el Gobierno avanza con respaldo judicial, las regiones del PP priorizan la confrontación institucional sobre la protección real de los menores. La Estrategia Nacional de Infancia exige acción, no ausencia. Y los tribunales ya han dejado claro: la solidaridad no es negociable.
