La mañana del lunes marcó un hito significativo en la gestión de la migración en España, con la salida de los primeros diez menores migrantes solicitantes de asilo desde el recurso Canarias 50, ubicado en La Isleta, hacia Asturias. Este movimiento es parte de un esfuerzo más amplio para reubicar a los jóvenes migrantes que han llegado a las Islas Canarias en busca de protección internacional. La organización Acfi Asturias, bajo la dirección del PSOE, ha asumido la responsabilidad de acoger a estos jóvenes, quienes ahora continuarán su ruta migratoria hacia otras comunidades autónomas.
El traslado ha generado un debate considerable, especialmente en torno a la planificación y ejecución de estos movimientos. Desde el archipiélago, se han expresado preocupaciones sobre la «improvisación» en los traslados, mientras que el Estado defiende su labor, asegurando que se está llevando a cabo con «compromiso» y atención a las necesidades de los menores. La llegada de estos jóvenes a Asturias no ha estado exenta de quejas, ya que el Ayuntamiento de Gijón, que es la ciudad de destino, afirmó que no había sido informado previamente sobre la llegada de los menores, lo que ha generado cierta confusión y preocupación sobre su bienestar.
Para garantizar la seguridad y privacidad de los menores, el desplazamiento se realizó con la máxima discreción, sin revelar las regiones específicas a las que han sido trasladados. Este primer grupo de migrantes está compuesto por jóvenes de Mali, todos mayores de 16 años, quienes fueron alojados temporalmente en el recurso Canarias 50 hasta que se encuentren plazas fijas para ellos, preferiblemente en la península.
Desde el Gobierno de Canarias, se ha expresado satisfacción por el inicio de los traslados, aunque también se han planteado preocupaciones sobre la falta de un protocolo claro para estos movimientos. El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, destacó la importancia de una planificación adecuada para asegurar que los traslados se realicen de manera efectiva y segura. Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que la falta de claridad en el proceso de traslado es un tema que necesita atención urgente.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido la gestión del Estado, afirmando que las derivaciones se están realizando «con rigor, compromiso y sin improvisaciones». En su cuenta de X, Torres aseguró que los menores están siendo acompañados en todo momento por personal de la entidad colaboradora en las islas, así como por representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta coordinación es fundamental para garantizar que los menores reciban el apoyo necesario durante su transición hacia la península.
Sin embargo, el ritmo de los traslados ha suscitado inquietudes. Clavijo ha advertido que, si se mantiene el actual ritmo de derivaciones, los menores que han expresado su deseo de continuar su ruta migratoria en la península podrían no llegar a su destino hasta enero de 2026. Esta situación pone de relieve la necesidad de un protocolo claro y efectivo para gestionar los traslados de manera más eficiente, especialmente dado que las llegadas de migrantes han disminuido en las últimas semanas.
Desde la Consejería de Bienestar Social, se ha indicado que aún no se ha recibido la documentación necesaria para continuar con los desplazamientos programados para esta semana. Esto ha llevado a la convocatoria de una reunión interadministrativa entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central, donde se discutirán los avances en la implementación de la orden del Alto Tribunal que obliga al Estado a hacerse cargo de estos menores en el sistema nacional de protección internacional.
El compromiso del Ejecutivo central incluye la creación de 1.200 plazas en la península para atender a los 1.003 menores solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en las islas. Sin embargo, el presidente de Canarias ha expresado su preocupación por la falta de información sobre cuándo estarán disponibles estas plazas y en qué lugares se ubicarán, lo que complica aún más el proceso de traslado y acogida de los menores.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un tema complejo que requiere atención y acción coordinada entre diferentes niveles de gobierno. A medida que se avanza en la reubicación de estos jóvenes, es crucial que se establezcan protocolos claros y se garantice su bienestar y seguridad en cada etapa del proceso. La colaboración entre las autoridades locales, autonómicas y nacionales será fundamental para abordar los desafíos que presenta la migración y asegurar que se respeten los derechos de los menores en todo momento.
