Desde el 3 de octubre de 2025, los juzgados de violencia sobre la mujer en Canarias han comenzado a asumir todos los casos de violencia sexual contra la mujer, incluyendo delitos graves como la trata con fines de explotación sexual. Esta medida se enmarca dentro de la ley de eficiencia de la Justicia, que fue aprobada en enero y que amplía las competencias de estos juzgados más allá de los casos de violencia de pareja o expareja. La inclusión de delitos como matrimonios forzosos y mutilación genital femenina busca ofrecer una respuesta más integral a la violencia de género, un problema que ha cobrado gran relevancia en la sociedad actual.
Sin embargo, esta ampliación de competencias ha generado una serie de críticas por parte de los jueces especializados en violencia machista. Un grupo de 123 jueces ha expresado su preocupación por la falta de recursos y medios necesarios para afrontar esta nueva carga de trabajo. Según ellos, los juzgados ya están sobrecargados y la asignación de nuevas competencias podría llevar a un colapso en el sistema judicial. En marzo, estos jueces habían advertido sobre las “nefastas consecuencias” que podría tener la decisión de ampliar sus funciones sin un respaldo adecuado.
El Ministerio de Justicia ha justificado esta medida argumentando que busca garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas de violencia de género. La idea es que todos los delitos con un claro componente de género sean investigados por jueces con formación específica en igualdad, lo que podría mejorar la calidad de la justicia en estos casos. Sin embargo, los jueces cuestionan la efectividad de esta estrategia, ya que aún no se han creado las plazas prometidas ni se han dotado los refuerzos necesarios para hacer frente a la nueva carga de trabajo.
### Aumento de Carga y Recursos Insuficientes
Para hacer frente al aumento de carga de trabajo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado la creación de 50 plazas judiciales especializadas, lo que representa un incremento del 42% respecto a las existentes. Este refuerzo se ha solicitado en varias comunidades autónomas, incluyendo Canarias, Baleares, Castilla-La Mancha, entre otras. Sin embargo, los jueces han señalado que, a pesar de la creación de estas plazas, la implementación real de los refuerzos es insuficiente y no se ha cumplido con la promesa de dotar a los juzgados de los recursos necesarios.
De las 50 nuevas plazas, solo 8 comenzarán a funcionar en octubre, incluyendo la del juzgado de violencia sobre la mujer de Arona. Las otras 42 se activarán en diciembre, coincidiendo con la creación de nuevos Tribunales de Instancia. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ha asegurado que proporcionará los refuerzos temporales necesarios mediante jueces sustitutos o en comisión de servicio. Hasta la fecha, se han autorizado 15 medidas de refuerzo que abarcan a 25 juzgados, pero los jueces continúan expresando su preocupación por la falta de recursos.
Además, el Ministerio ha creado 42 nuevas plazas de fiscales para estos juzgados, de las cuales 41 ya han sido convocadas. La incorporación completa de estos fiscales es crucial para garantizar que los casos de violencia de género sean tratados con la seriedad y el rigor que requieren. Sin embargo, la falta de recursos y la presión sobre los jueces y fiscales podrían comprometer la efectividad de estas medidas.
### La Realidad de la Violencia de Género en Canarias
La violencia de género es un problema que afecta a miles de mujeres en Canarias y en toda España. La reciente ampliación de competencias para los juzgados de violencia sobre la mujer es un paso importante, pero también pone de manifiesto la necesidad de un sistema judicial que esté adecuadamente preparado para abordar esta problemática. La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo son obstáculos que deben ser superados para garantizar que las víctimas reciban la atención y protección que merecen.
La implementación de la ley de eficiencia de la Justicia es un intento de mejorar la respuesta del sistema judicial ante la violencia de género, pero su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para dotar a los juzgados de los medios necesarios. La formación específica en igualdad para los jueces y fiscales es fundamental, pero también lo es la creación de un entorno que permita a estos profesionales trabajar de manera efectiva y sin la presión de una carga de trabajo inasumible.
En resumen, la reciente medida de asumir todos los delitos de violencia sexual contra la mujer en los juzgados de violencia sobre la mujer en Canarias es un avance significativo en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, es crucial que se tomen las medidas necesarias para garantizar que estos juzgados cuenten con los recursos y el apoyo que necesitan para cumplir con sus nuevas responsabilidades de manera efectiva.
