La nueva ley de Gestión del Litoral y las Costas de Canarias avanza a toda velocidad. El Gobierno autonómico busca que el texto entre en el Parlamento de Canarias después del verano de 2026, con el fin de aprobarla antes de la disolución del Parlamento a principios de 2027. La norma responde a una necesidad urgente: actualizar una legislación estatal obsoleta y adaptarla a la realidad volcánica, insular y climáticamente vulnerable del archipiélago.
¿Por qué Canarias necesita su propia ley de costas?
La actual Ley de Costas estatal data de 1988. No contempla los efectos del cambio climático, la erosión acelerada ni la singularidad geológica de las islas. Canarias no es una costa peninsular: tiene acantilados volcánicos, playas de arena negra, zonas de protección especial y más de 80 municipios con litoral. La norma estatal no distingue entre estos escenarios.
El traspaso de competencias ya está hecho
En 2023, el Estado transfirió formalmente a Canarias las competencias en gestión del espacio marítimo y costero, incluidos medios técnicos y personal. Pero sin una ley autonómica, la región carece de marco jurídico propio para ejercer esas funciones con eficacia y seguridad jurídica.
¿Qué aporta la nueva ley autonómica?
La norma no sustituye la ley estatal, sino que la desarrolla y adapta. Establece criterios técnicos específicos para la delimitación del dominio público marítimo-terrestre en entornos volcánicos. Define protocolos para la restauración de playas naturales y la gestión de zonas de riesgo por subida del nivel del mar. También clarifica las competencias entre el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el Estado.
Mayor protagonismo municipal
Los 88 ayuntamientos con costa son considerados «principales sufridores» de la inseguridad jurídica actual. La ley les otorgará herramientas para gestionar licencias, intervenir en proyectos costeros y participar en planes de adaptación costera. Se prevé la creación de un Registro Autonómico de Actividades Costeras, con control digital y trazabilidad.
¿Cuál es el calendario previsto?
El texto está en fase de redacción desde febrero de 2026. Tras la ronda de consultas con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), se prevé cerrar el anteproyecto en junio. El trámite parlamentario comenzaría en septiembre. El Gobierno regional reconoce que el proceso puede extenderse hasta marzo de 2027, justo antes de la disolución del Parlamento.
Presión temporal real
El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, advirtió: «No sé si tendremos margen para dejarla aprobada antes de que termine la legislatura». Esa urgencia impulsa la coordinación con todos los grupos parlamentarios desde ya.
¿Qué impacto económico y legal tiene esta ley?
La nueva norma afecta directamente al turismo costero, al desarrollo urbanístico sostenible, a la pesca artesanal y a la inversión pública en infraestructuras litorales. Sin una ley clara, los ayuntamientos retrasan licencias y los inversores evitan proyectos costeros por incertidumbre jurídica. Se estima que la inseguridad normativa frena al menos 120 millones de euros anuales en inversiones privadas y públicas en zonas costeras.
Datos Clave
- La Ley de Costas estatal de 1988 no contempla la erosión acelerada ni el cambio climático.
- Canarias tiene 88 municipios con costa, la mayoría con alta vulnerabilidad geológica.
- El traspaso de competencias se completó en 2023, pero falta el marco legal autonómico.
- El objetivo es que la ley entre en el Parlamento en septiembre de 2026.
- La disolución del Parlamento está prevista para marzo de 2027, lo que acorta el margen de aprobación.
¿Qué dice la Federación Canaria de Municipios?
La presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, calificó la ley como un «asunto capital«. Subrayó que los ayuntamientos necesitan certeza para gestionar playas, paseos marítimos y zonas de protección. También exigió que la ley incluya mecanismos de financiación para la restauración costera, ya que los municipios asumen costes sin recursos suficientes.
Coherencia con el Plan de Adaptación al Cambio Climático
La nueva ley se alinea con el Plan Canario de Adaptación al Cambio Climático 2023–2030, especialmente en sus ejes de resiliencia costera y gobernanza participativa. Introduce obligaciones de evaluación de riesgo costero en todos los planes urbanísticos insulares y exige informes técnicos actualizados cada cinco años.
