La Guardia Civil ha intervenido el mayor alijo de cocaína de la historia en España: hasta 45 toneladas ocultas en un carguero con bandera de Comoras. La operación, liderada por la Audiencia Nacional, se desarrolló en aguas del Sáhara Occidental. Seis hombres armados custodiaban la droga. El buque fue escoltado a Las Palmas de Gran Canaria. El valor estimado supera los 1.800 millones de euros.
¿Cómo se descubrió el cargamento de 45 toneladas de cocaína?
La pista surgió tras un seguimiento internacional coordinado por Europol y la Fiscalía Antidroga. El buque Arconian fue rastreado desde Sierra Leona hasta su aproximación a la costa saharaui. Los agentes detectaron anomalías en su calado y patrón de navegación. Una inspección aérea con drones termográficos reveló irregularidades térmicas en la zona de la sentina.
El doble fondo soldado: ingeniería criminal avanzada
La cocaína no estaba en contenedores ni en bodegas visibles. Estaba escondida tras una estructura metálica soldada, integrada como doble fondo en la quilla del barco. Este sistema evitaba la detección por escáneres convencionales y requería desmontaje físico para su localización. Cada fardo pesaba entre 25 y 30 kilogramos, sumando unos 1.500 paquetes.
¿Qué implica económicamente un alijo de 45 toneladas?
El mercado negro valora la cocaína en España entre 40.000 y 50.000 euros por kilo. A 45.000 kg, el valor supera los 1.800 millones de euros. Esto representa más del 70 % del volumen total decomisado en España entre 2020 y 2025. La operación interrumpe flujos de financiación para redes terroristas y grupos armados en África Occidental.
Impacto en las rutas del narcotráfico
El Arconian tenía como destino final Libia, puerta de entrada a Europa desde el norte de África. Su interceptación evidencia la reconfiguración de las rutas del narcotráfico transahariano, que evitan ahora los puertos tradicionales de Sudamérica y el Caribe para usar embarcaciones de bandera frágil y zonas de vigilancia limitada.
¿Qué dice la ley sobre la custodia y procesamiento de alijos de esta magnitud?
La Audiencia Nacional asume la competencia por tratarse de una operación con dimensión internacional y vínculos con organizaciones criminales transnacionales. El artículo 368 del Código Penal castiga el tráfico de drogas con penas de 12 a 20 años. La ley 10/1990 sobre control de sustancias estupefacientes exige destrucción judicial del producto tras su análisis forense. Además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a la custodia física del buque hasta la sentencia firme.
Rol de la Guardia Civil y coordinación internacional
La Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad de Seguridad Marítima (USM) lideraron el abordaje. Participaron también la Agencia Tributaria y la Europol. El uso de drones marítimos y sensores acústicos pasivos marca un salto cualitativo en la detección de embarcaciones sospechosas.
¿Qué sucede con los 23 detenidos y los seis armados?
Los 23 detenidos incluyen capitanes, oficiales y mercenarios contratados para la custodia armada. Se les imputa tráfico de drogas agravado, tenencia ilícita de armas y asociación ilícita. La Fiscalía solicita prisión provisional sin fianza. La Audiencia Nacional decidirá su situación jurídica tras el recuento forense definitivo y la identificación de los roles dentro de la red.
Datos Clave
- El alijo supera las 45 toneladas, récord absoluto en España.
- La droga estaba oculta tras un doble fondo soldado, técnica nunca antes detectada en operaciones nacionales.
- Se incautaron 3 fusiles y 3 pistolas semiautomáticas, usadas por los 6 mercenarios a bordo.
- El buque Arconian navegaba con bandera de Comoras, jurisdicción de control débil y alto riesgo de abuso.
- La operación forma parte de la estrategia EUROPOL Cocaine Route Monitoring, activa desde 2023.
El caso redefine los estándares de respuesta ante el narcotráfico marítimo. No solo por su escala, sino por la sofisticación logística y el nivel de armamento. La presencia de mercenarios armados a bordo evidencia la militarización creciente de las redes de tráfico. La custodia del buque en Las Palmas se prolongará al menos 90 días, tiempo necesario para el análisis químico completo y la reconstrucción digital de la ruta. La sentencia podría sentar jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de intermediarios logísticos y empresas de bandera.
