La llegada de menores migrantes a Canarias ha generado un debate intenso en la sociedad española. Actualmente, el archipiélago acoge a 5.665 niños, niñas y adolescentes extranjeros, la mayoría de los cuales son varones de entre 15 y 17 años provenientes de países como Senegal y Mali. Esta situación no solo plantea retos logísticos y de acogida, sino que también abre la puerta a reflexiones sobre la integración y el futuro de estos jóvenes en un entorno que, en muchos casos, se encuentra saturado y desbordado.
### Perfil de los Menores Migrantes
El perfil de los menores migrantes en Canarias es alarmante. De los 5.665 menores tutelados, un 93,79% son varones, mientras que solo un 6,2% son niñas. La mayoría de estos jóvenes provienen de África subsahariana, siendo Senegal y Mali los países de origen más representativos. Esta situación refleja no solo una crisis humanitaria, sino también la necesidad de abordar las causas que llevan a estos menores a emprender viajes peligrosos en busca de un futuro mejor.
La franja de edad más común entre estos menores es de 15 a 17 años, aunque también se han registrado casos de niños mucho más pequeños, incluyendo 113 menores de 13 años. Esta diversidad en la edad y el origen de los menores plantea desafíos adicionales para las autoridades canarias, que deben adaptar sus recursos y estrategias de acogida a las necesidades específicas de cada grupo.
Los menores migrantes llegan a Canarias tras recorrer miles de kilómetros, enfrentándose a condiciones extremas y peligrosas. La mayoría de ellos desembarcan en la isla de El Hierro, aunque también llegan a Tenerife y Gran Canaria. Sin embargo, una vez en el archipiélago, no siempre permanecen en la isla de entrada, lo que complica aún más la gestión de su acogida y atención.
### La Saturación del Sistema de Acogida
La situación de los centros de acogida en Canarias es crítica. La red de acogida cuenta actualmente con 86 recursos, muchos de los cuales están sobreocupados. La directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, ha reconocido que algunos centros han tenido que convertir zonas comunes en dormitorios para hacer frente a la emergencia. Esta saturación no solo afecta la calidad de vida de los menores, sino que también pone en riesgo la capacidad de los centros para ofrecer atención adecuada y personalizada.
Además, la reciente Conferencia Sectorial Extraordinaria de Infancia ha evidenciado la negativa de algunas comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, a acoger a estos menores migrantes. Esta falta de colaboración entre comunidades ha llevado a que muchos menores se encuentren hacinados en centros de acogida, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en la que se encuentran.
A pesar de la adversidad, hay ejemplos positivos de integración y acogida. En el municipio de Artenara, por ejemplo, la llegada de 19 menores migrantes hace un año ha transformado la vida del pueblo. Hoy en día, el número de niños y niñas acogidos ha aumentado a 30, lo que ha revitalizado el colegio local y ha traído alegría a las calles. El alcalde de Artenara, Jesús Díaz, ha destacado que esta experiencia ha sido un «antes y un después» para la comunidad, que ha visto cómo la llegada de estos jóvenes ha contribuido a mantener servicios esenciales y a fomentar la vida social del pueblo.
La experiencia de Artenara es un ejemplo de cómo la acogida de menores migrantes puede ser beneficiosa no solo para los jóvenes, sino también para las comunidades que los reciben. Sin embargo, este tipo de iniciativas deben ser apoyadas y replicadas en otras partes del archipiélago y del país para garantizar que todos los menores migrantes tengan acceso a una vida digna y a oportunidades de desarrollo.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de una crisis más amplia que afecta a muchas partes del mundo. La necesidad de abordar las causas de la migración, así como de garantizar una acogida digna y adecuada para estos jóvenes, es un desafío que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. La integración de estos menores no solo es una cuestión de justicia social, sino también una inversión en el futuro de nuestras comunidades y de la sociedad en su conjunto.