La reciente operación policial en Río de Janeiro ha desatado un torrente de reacciones tanto a nivel local como internacional. Con un saldo trágico de 121 muertos, esta intervención se ha convertido en el tema central de debate en Brasil, especialmente en el contexto de las próximas elecciones presidenciales de 2026. El gobernador de Río, Cláudio Castro, se ha posicionado como un ferviente defensor de la acción policial, argumentando que su lucha contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, es un deber cívico. Sin embargo, la brutalidad de la operación ha suscitado críticas de organismos de derechos humanos y ha planteado serias preguntas sobre la legitimidad de la violencia estatal.
La operación, que se llevó a cabo en los complejos de Alemão y Penha, ha sido calificada por muchos como una «masacre». A pesar de las críticas, Castro ha encontrado un respaldo considerable entre la población, con encuestas que indican que hasta un 69,6% de los encuestados aprueban la acción policial. Este apoyo se ha visto reflejado en las favelas, donde la percepción de la seguridad pública es un tema crucial. La narrativa de la ultraderecha, que asocia la violencia con el narcoterrorismo, ha resonado fuertemente en estas comunidades, donde muchos ven a la policía como un aliado en la lucha contra el crimen.
### La Respuesta de la Comunidad Internacional
La respuesta de la comunidad internacional ha sido contundente. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas ha exigido una investigación «inmediata, independiente y minuciosa» sobre los eventos ocurridos durante la operación. Este llamado se basa en la preocupación por las denuncias de homicidios ilegales y violaciones de derechos humanos, que incluyen allanamientos sin órdenes judiciales y detenciones arbitrarias. La ONU ha subrayado la necesidad de proteger a los testigos y a los defensores de derechos humanos, lo que pone de relieve la gravedad de la situación.
La violencia desatada en Río de Janeiro no es un fenómeno aislado. Forma parte de un patrón más amplio de vigilancia racializada y de impunidad que afecta a las comunidades afrodescendientes en Brasil. La magnitud de la violencia y la naturaleza de los asesinatos han llevado a muchos a cuestionar la eficacia y la ética de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno. La situación se complica aún más por la polarización política en el país, donde el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Liberal (PL) se enfrentan en una lucha por el control de la narrativa y de las comisiones investigadoras.
### La Polarización Política y el Futuro de la Seguridad en Brasil
La polarización política en Brasil se ha intensificado a raíz de la operación policial. Mientras que el PL, que representa a la ultraderecha, busca capitalizar el apoyo popular a la acción policial, el PT intenta posicionarse como el defensor de los derechos humanos y de las comunidades vulnerables. Esta lucha por el control de la narrativa se refleja en las discusiones en el Congreso, donde ambos partidos compiten por establecer comisiones que investiguen el crimen organizado y la violencia policial.
El discurso de la ultraderecha, que promueve una visión de «nosotros contra ellos», ha encontrado un terreno fértil en la inseguridad que sienten muchos brasileños. La estrategia del PL es reforzar la imagen de Castro como un líder fuerte que está dispuesto a tomar medidas drásticas para combatir el crimen. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por expertos que advierten sobre el riesgo de que se establezca un régimen autoritario que priorice la violencia sobre el respeto a los derechos humanos.
Gabriel Feltran, un destacado sociólogo brasileño, ha señalado que las «masacres» como la de Río de Janeiro son eventos críticos que pueden reordenar la dinámica social y política del país. Según él, estos eventos no solo afectan a las comunidades directamente involucradas, sino que también tienen repercusiones en la percepción pública sobre la seguridad y la justicia. La violencia policial, en este contexto, se convierte en un instrumento de control social que puede ser utilizado para justificar políticas más represivas.
La situación en Río de Janeiro es un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta Brasil en términos de seguridad, derechos humanos y política. A medida que se acercan las elecciones de 2026, la forma en que se maneje esta crisis podría tener un impacto significativo en el futuro político del país. La lucha por el control de la narrativa y la respuesta a la violencia serán factores determinantes en la configuración del panorama electoral y en la dirección que tomará Brasil en los próximos años.
