La educación inclusiva es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o discapacidades. Sin embargo, en Canarias, un grupo de familias ha alzado la voz para denunciar lo que consideran un «maltrato institucional» hacia los alumnos con discapacidad. La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, junto a varias asociaciones, ha expuesto una serie de prácticas que, según ellos, atentan contra los derechos de estos estudiantes y que se han vuelto comunes en diversas instituciones educativas del archipiélago.
### Prácticas Discriminatorias en el Sistema Educativo
Las denuncias se centran en el uso de castigos, sanciones y expulsiones como respuesta a conductas que son, en muchos casos, propias de los diagnósticos y dificultades del alumnado. En lugar de proporcionar los apoyos y ajustes razonables que estos estudiantes necesitan, se recurre a medidas que, según las familias, criminalizan a los alumnos. Esto se traduce en la aplicación de reglamentos internos de los centros como si fueran leyes, lo que coloca a estas normativas por encima de la legislación estatal e internacional que protege los derechos de los niños.
Las familias han señalado que estas prácticas no son incidentes aislados, sino que reflejan una «realidad reiterada» en diferentes centros educativos, tanto en Primaria como en Secundaria. Los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y otras neurodivergencias son los más afectados. La presión sobre las familias es constante, con llamadas reiteradas para que retiren a sus hijos del centro, amenazas de sanciones y la retirada de servicios básicos, lo que genera un desgaste emocional y laboral significativo.
### Testimonios de Familias Afectadas
El comunicado de la Plataforma incluye testimonios desgarradores de familias que han vivido en carne propia las consecuencias de estas prácticas. Una madre relata cómo su hijo de nueve años fue expulsado tras episodios de desregulación emocional. En lugar de recibir apoyo, se le retiró el servicio de comedor, lo que dejó claro que la respuesta institucional era la exclusión, no la inclusión. Otro testimonio describe cómo, tras solicitar los apoyos necesarios para su hijo en Secundaria, la actitud del centro cambió drásticamente, comenzando a cuestionar su escolarización en aula ordinaria. Esta familia vivió la situación como un castigo por reclamar lo que consideraban un derecho.
Además, se han documentado casos de agresiones a estudiantes sin que se tomen medidas de protección adecuadas. Una familia tuvo que cambiar a su hijo de centro escolar tras sufrir una agresión por parte de una auxiliar, lo que paralizó un proceso de inclusión que ya estaba en marcha. En otro relato, un menor con diagnóstico de autismo fue sancionado por conductas que se interpretaron erróneamente como intentos de agresión, lo que resultó en múltiples expulsiones hasta que fue trasladado a un colegio donde, según su familia, ha prosperado académicamente y ha recuperado su autoestima.
La acumulación de expulsiones también ha sido un tema recurrente. Un niño con TDAH y trastorno negativista desafiante acumuló 17 días lectivos de expulsión, mientras que su familia enfrentaba una presión constante para cambiar su medicación y abandonar servicios como el comedor. Esta situación, lejos de ayudar, agravó su condición, evidenciando la falta de un enfoque inclusivo y adaptado a las necesidades del alumnado.
### La Necesidad de un Cambio Estructural
Las organizaciones que han firmado el comunicado exigen el cese inmediato de estas prácticas discriminatorias y la activación de apoyos reales que respeten los derechos del alumnado con discapacidad. Además, critican la falta de consulta a las familias y entidades representativas en la elaboración del Decreto de Convivencia, lo que consideran una exclusión que agrava la situación actual y atenta contra los derechos humanos y fundamentales de los estudiantes.
La situación en Canarias pone de manifiesto la necesidad urgente de un cambio estructural en el sistema educativo. La implementación de políticas que garanticen una educación inclusiva y adaptada a la diversidad del alumnado es fundamental para evitar que más niños y niñas sufran las consecuencias de un sistema que, en lugar de apoyar, castiga y excluye. La educación debe ser un espacio seguro y accesible para todos, donde cada estudiante tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente, sin importar sus capacidades o dificultades.
La lucha por la inclusión educativa en Canarias es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas comunidades en todo el mundo. La voz de estas familias es un llamado a la acción para que se tomen medidas concretas que aseguren que todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades, reciban la educación que merecen. La inclusión no debe ser solo un concepto, sino una práctica real y efectiva en todas las aulas.
