El reciente episodio de altas temperaturas en Canarias ha desatado una ola de críticas hacia la Consejería de Educación del Gobierno regional. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha calificado la gestión de esta crisis como «bochornosa e ineficaz», señalando que el protocolo establecido para manejar situaciones de calor extremo no ha funcionado como se esperaba. En un comunicado emitido, los socialistas han expresado su preocupación por la falta de uniformidad en la aplicación de medidas de seguridad en los colegios, lo que ha llevado a situaciones de riesgo para alumnos y docentes.
### Protocolo de Actuación y su Ineficacia
El protocolo actual de actuación en situaciones de calor extremo delega en los equipos directivos de cada centro educativo la responsabilidad de solicitar la activación del nivel 3, que corresponde a un riesgo alto. Este nivel permite implementar medidas excepcionales, como la salida anticipada de los alumnos o la suspensión de clases presenciales. Sin embargo, el PSOE ha denunciado que esta delegación de responsabilidades ha resultado en una aplicación desigual de las medidas. Mientras que algunos centros pudieron activar el protocolo y tomar las precauciones necesarias, otros continuaron con su actividad habitual a pesar de que las temperaturas alcanzaron hasta 37 grados Celsius.
La crítica se centra en que la Consejería de Educación no ha asumido su responsabilidad en la gestión de esta crisis. Los socialistas argumentan que debería ser el Gobierno quien declare los niveles de riesgo y active los protocolos de manera uniforme en todos los centros que se encuentren en condiciones similares. Esto no solo garantizaría la seguridad de la comunidad educativa, sino que también apoyaría a los equipos directivos en la toma de decisiones críticas durante episodios climáticos extremos.
### Inversiones en Infraestructura y Recursos
Además de la gestión inmediata de la crisis, el PSOE ha enfatizado la necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructuras educativas que puedan soportar condiciones climáticas adversas. La secretaria de organización del partido en Canarias, Nira Fierro, ha subrayado que el Gobierno de Canarias debe velar por la adecuada celebración de las clases y asumir la responsabilidad que le compete como máximos dirigentes de la comunidad autónoma. En su opinión, no se debe delegar esta responsabilidad en el profesorado, sino que el Gobierno debe coordinar las acciones necesarias ante episodios climáticos como el que se ha vivido recientemente.
La situación ha llevado a otros actores, como el sindicato STEC-IC, a solicitar la suspensión inmediata de las clases en todos los centros públicos del Archipiélago. En respuesta a la ola de calor, siete centros en Tenerife suspendieron las clases presenciales, y la Consejería de Educación autorizó la salida anticipada de alumnos en seis centros adicionales. Sin embargo, estas medidas fueron vistas como insuficientes por muchos, quienes argumentan que la falta de un plan de acción claro y efectivo ha puesto en riesgo la salud y el bienestar de los estudiantes.
La crítica al Gobierno de Canarias no solo se limita a la gestión de la crisis actual, sino que también se extiende a la planificación a largo plazo en el ámbito educativo. Los socialistas han anunciado que pedirán explicaciones al consejero de Educación, Poli Suárez, en el Parlamento de Canarias. Además, han exigido que los próximos presupuestos incluyan inversiones adecuadas en educación, cumpliendo con lo establecido en la Ley Canaria de Educación. Esto es fundamental para garantizar que todos los centros educativos cuenten con los recursos y condiciones necesarias para enfrentar situaciones de emergencia.
La situación actual en las escuelas de Canarias pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más proactivo y coordinado en la gestión de crisis educativas. La comunidad educativa, incluidos alumnos, padres y docentes, merece un entorno seguro y adecuado para el aprendizaje, especialmente en condiciones climáticas extremas. La falta de acción y la delegación de responsabilidades han generado un clima de incertidumbre y preocupación, que debe ser abordado de manera urgente por las autoridades competentes. La educación es un derecho fundamental, y su protección debe ser una prioridad para cualquier gobierno.
