El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha mantenido la imputación de Koldo García en la investigación sobre contratos de material sanitario adjudicados por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de las Islas Baleares. A pesar de su condena previa en el Tribunal Supremo, el magistrado descartó la existencia de doble persecución judicial. García declarará este jueves ante la Audiencia Nacional. El caso forma parte de una red de presuntos amaños de contratos durante la pandemia, con implicaciones económicas y legales de alto impacto.
¿Por qué no se archivó la causa contra Koldo García?
El juez Ismael Moreno rechazó la petición de la defensa de Koldo García. Esta alegaba que ya había sido juzgado por los mismos hechos. El magistrado aclaró que el Tribunal Supremo no analizó los contratos de Canarias ni de Baleares. Esos hechos quedaron expresamente fuera del ámbito del juicio anterior.
La competencia objetiva de la Audiencia Nacional se mantiene intacta. Los contratos investigados están vinculados a entidades dependientes de ministerios, no a empresas privadas directas. Eso justifica la jurisdicción penal especial.
¿Qué contratos están bajo investigación?
Los contratos bajo escrutinio corresponden a la compra masiva de mascarillas quirúrgicas y EPI por parte de dos administraciones autonómicas: el Gobierno de Canarias y el Gobierno de las Islas Baleares. Ambos procesos se adjudicaron en 2020, durante la primera ola de la pandemia.
Los contratos suman más de 28 millones de euros. Se detectaron irregularidades en la selección de proveedores y en la ausencia de licitación pública. Algunos fueron adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, una figura excepcional que exige justificación técnica rigurosa.
¿Quiénes más están implicados en esta red?
Además de Koldo García, están imputados el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. Ábalos y García fueron condenados en el Supremo por comisiones ilegales en contratos del Ministerio de Transportes. De Aldama actuó como intermediario en varias operaciones.
La Fiscalía Anticorrupción señala que los contratos de Canarias y Baleares forman parte de una estrategia coordinada. Se usaron sociedades pantalla y facturas falsas para ocultar el destino final de los fondos públicos.
¿Cuál es el marco legal aplicable?
La investigación se sustenta en los artículos 404 y 405 del Código Penal: prevaricación, cohecho y fraude a la Administración. También se aplica la Ley de Contratos del Sector Público, que exige transparencia y proporcionalidad en la contratación de emergencia.
El Tribunal de Cuentas ya ha emitido un informe preliminar. Detectó que el 63 % de los contratos analizados carecían de documentación técnica justificativa. Eso viola el principio de buena administración exigido por la Constitución.
¿Qué impacto económico tiene este caso?
Los contratos investigados representan una pérdida potencial de más de 12 millones de euros para las arcas públicas. Esa cifra surge del sobreprecio detectado en comparación con el mercado internacional de EPI en 2020.
Además, el caso ha generado una crisis de confianza en la gestión sanitaria autonómica. Canarias y Baleares han tenido que reforzar sus unidades de contratación con auditores externos. El coste de esas contrataciones supera los 450.000 euros anuales.
Datos Clave
- Koldo García declarará este jueves ante la Audiencia Nacional.
- Los contratos de Canarias y Baleares suman 28,3 millones de euros.
- El Tribunal Supremo no juzgó los hechos de las comunidades autónomas.
- Se investigan procedimientos negociados sin publicidad sin justificación técnica.
- La Fiscalía Anticorrupción vincula los contratos con una red de sociedades pantalla.
- El Tribunal de Cuentas detectó falta de documentación técnica en el 63 % de los contratos.
¿Qué sigue ahora en el proceso?
El juez Ismael Moreno ha acordado la práctica de nuevas diligencias. Entre ellas, la solicitud de información bancaria de cuentas vinculadas a Koldo García y Víctor de Aldama. También se pedirá la colaboración de las autoridades fiscales de Alemania y Suiza, donde se radican algunas sociedades investigadas.
La defensa de García ha anunciado recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El plazo para presentarlo vence en 10 días. Mientras tanto, la prisión provisional se mantiene sin posibilidad de fianza.
El caso sigue abierto y su resolución podría sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de asesores públicos en contrataciones de emergencia. También reforzará los controles previos en futuras crisis sanitarias.
