La reciente imputación del empresario José Ruz, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), ha puesto en el centro de la atención pública la fallida reforma del antiguo cine Royal en Las Palmas de Gran Canaria. Este caso ha desatado una serie de investigaciones que involucran a varios empresarios y exfuncionarios, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social de la región.
La obra, que se adjudicó por un monto de 6,5 millones de euros durante el mandato de Ángel Víctor Torres, tenía como objetivo transformar el emblemático edificio en la sede de la Agencia Tributaria Canaria. Sin embargo, la falta de culminación de la reforma y la posterior declaración de concurso de la empresa han dejado el inmueble cerrado y sin uso, lo que ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la gestión de los recursos públicos.
### Imputaciones y Citas Judiciales
El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido incluir a cinco empresarios en la lista de investigados, quienes deberán comparecer entre el 4 y el 7 de julio. Entre ellos se encuentran Antxon Alonso y Santos Cerdán, quienes están vinculados a la empresa Servinabar 2000, la cual ha sido mencionada en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. La investigación se centra en la posibilidad de que estos empresarios, en su rol como administradores de hecho, hayan participado en la indebida adjudicación de obras públicas a cambio de compensaciones económicas.
El juez ha solicitado la investigación de cerca de 500 cuentas bancarias relacionadas con los investigados y las empresas implicadas, incluyendo Acciona y LIC. Esta medida busca esclarecer el flujo de dinero y las posibles conexiones entre los involucrados. Un aspecto relevante de la investigación es el pago de un sueldo a Koldo García, quien, según informes, habría transferido parte de esos fondos a José Luis Ábalos, exministro y figura clave en el PSOE.
### Acciones de la UCO y el Caso de Santos Cerdán
La UCO ha sido instruida para investigar no solo las cuentas bancarias, sino también los bienes inmuebles y el correo corporativo de Santos Cerdán, quien ha sido citado para declarar el 30 de junio. Esta declaración, que inicialmente iba a ser voluntaria, ahora se llevará a cabo en calidad de investigado, lo que implica que el magistrado considera que su testimonio es crucial para el avance del caso.
El juez ha solicitado acceso al correo corporativo de Cerdán en el PSOE, lo que podría revelar información relevante sobre su participación en el caso. Sin embargo, ha desestimado la solicitud de las acusaciones populares para registrar su domicilio y despachos, argumentando que no sería útil en este momento y que podría haber un riesgo de destrucción de pruebas.
La situación de Cerdán es delicada, ya que se le acusa de haber participado en la percepción de beneficios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas. Se sugiere que podría haber sido el encargado de distribuir las cantidades recaudadas entre los diferentes implicados, lo que añade una capa de complejidad al caso.
### Reacciones Políticas y Sociales
La imputación de Ruz y la investigación en curso han generado reacciones diversas en el ámbito político. El Partido Popular ha señalado que la gestión de Ángel Víctor Torres ha abierto las puertas a la corrupción en Canarias, lo que ha intensificado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La situación ha llevado a un clima de incertidumbre en la política canaria, con llamados a una mayor vigilancia sobre la gestión de los fondos públicos.
Además, la comunidad local ha expresado su preocupación por el futuro del antiguo cine Royal, un edificio que ha sido parte de la historia cultural de Las Palmas. La falta de acción en la reforma ha dejado a muchos preguntándose sobre el destino de este emblemático lugar y la responsabilidad de los involucrados en su abandono.
La investigación sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre las implicaciones de este caso. La atención se centra no solo en los empresarios implicados, sino también en las posibles conexiones políticas que podrían surgir a medida que avanza la investigación. La sociedad canaria observa de cerca, esperando que se haga justicia y que se tomen medidas para prevenir futuros casos de corrupción en la administración pública.
