El reciente aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha generado un debate significativo sobre su impacto en el sector de las empleadas del hogar en Canarias. A pesar de que la afiliación general a la Seguridad Social ha mostrado un crecimiento, las cifras de este colectivo han disminuido drásticamente desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Este fenómeno ha llevado a muchas trabajadoras a optar por la economía sumergida, lo que plantea serias preocupaciones sobre la estabilidad y los derechos laborales en este sector.
**La Realidad de las Empleadas del Hogar en Canarias**
Desde febrero de 2020, antes de que la pandemia alterara el panorama laboral, Canarias contaba con aproximadamente 12,016 empleadas del hogar registradas en la Seguridad Social. Sin embargo, en septiembre de 2025, esa cifra ha caído a 10,448, lo que representa una disminución del 13,05%. Este descenso es alarmante, especialmente considerando que el sector de las empleadas del hogar ha sido históricamente precario y vulnerable.
Elsa Posada, secretaria de Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras Canarias, ha señalado que, aunque el número de trabajadoras no ha disminuido necesariamente, muchas de ellas no están siendo dadas de alta en la Seguridad Social. Esto se debe a que, en muchos casos, las trabajadoras consideran que no les resulta rentable pagar las cuotas de la Seguridad Social, dado el bajo número de horas trabajadas y la falta de estabilidad laboral. Esta situación ha llevado a un aumento en la economía sumergida, donde las trabajadoras operan sin la protección y los beneficios que ofrece la afiliación a la Seguridad Social.
El aumento del SMI en un 61% desde 2018 ha sido un factor determinante en esta tendencia. Aunque la intención detrás de este incremento es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, en el caso de las empleadas del hogar, ha tenido un efecto adverso. Posada argumenta que, a pesar del aumento en la contratación de servicios domésticos, la falta de regulación y la precariedad de los salarios han llevado a una disminución en la afiliación. Esto se agrava por el hecho de que muchas familias en Canarias enfrentan dificultades económicas, lo que limita su capacidad para contratar a empleadas del hogar de manera formal.
**Desafíos en la Regulación y la Inspección Laboral**
Uno de los problemas más significativos en el sector de las empleadas del hogar es la dificultad para implementar un seguimiento efectivo de la normativa de salud laboral. Posada ha destacado que, aunque es complicado supervisar las condiciones laborales de las trabajadoras debido a la naturaleza privada de los servicios que ofrecen, es esencial garantizar que se cumplan las medidas mínimas de seguridad. La falta de inspección laboral adecuada ha contribuido a que muchos trabajadores permanezcan en la economía informal, lo que a su vez dificulta la recopilación de datos precisos sobre el sector.
La necesidad de una campaña de concienciación y seguimiento por parte del Gobierno es urgente. La falta de atención a este fenómeno no solo afecta a las trabajadoras, sino que también tiene implicaciones más amplias para la economía y la sociedad en general. La precariedad laboral en el sector de las empleadas del hogar no solo perpetúa la desigualdad, sino que también pone en riesgo la salud y el bienestar de las trabajadoras.
José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ha añadido que el aumento de los costes laborales es un factor clave en la disminución de la afiliación. Según García, el incremento del SMI ha expulsado del mercado a los salarios más bajos y a los sectores menos cualificados, lo que ha llevado a una reducción en las horas trabajadas. Aunque la creación de empleo en general está por encima de la media nacional, la pérdida de horas trabajadas en este sector es preocupante y podría tener repercusiones a largo plazo.
La situación actual del sector de las empleadas del hogar en Canarias es un reflejo de las tensiones entre la necesidad de mejorar las condiciones laborales y la realidad económica de muchas familias. A medida que el SMI continúa aumentando, es crucial que se implementen políticas que protejan a las trabajadoras y que fomenten la formalización de sus empleos. Sin un enfoque integral que aborde tanto las necesidades de las trabajadoras como las realidades económicas de los empleadores, el sector seguirá enfrentando desafíos significativos que podrían perpetuar la precariedad y la informalidad.
