La situación de los funcionarios de prisiones en Canarias ha alcanzado un punto crítico, con un alarmante aumento en el número de agresiones y una notable falta de recursos. En un reciente encuentro con representantes políticos, los trabajadores del sector han expuesto sus preocupaciones y exigencias, destacando la necesidad de un reconocimiento formal como agentes de autoridad y la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para adaptarse al creciente número de internos.
### Aumento de Agresiones y Falta de Recursos
Los funcionarios de prisiones han denunciado que, en la actualidad, se produce una agresión cada 14 horas en el ámbito penitenciario español. Esta alarmante estadística fue compartida por Jacobo López, delegado del sindicato «Tu abandono me puede matar», quien enfatizó que la falta de personal y recursos está afectando no solo la seguridad de los trabajadores, sino también la reinserción de los reos en la sociedad.
El Centro Penitenciario Las Palmas II, inaugurado en 2011 con una capacidad para 600 internos, ha visto un incremento en su población que ronda los mil presos. Sin embargo, la RPT no ha sido ajustada, lo que significa que el número de funcionarios se ha mantenido constante a pesar del aumento del 48% en la población reclusa. Esta desproporción ha llevado a una carga de trabajo insostenible para los empleados, quienes se ven obligados a gestionar un entorno cada vez más complejo y peligroso.
Además, la falta de personal sanitario en Las Palmas II es otro aspecto preocupante. Con una RPT que establece la necesidad de siete profesionales de la salud, actualmente solo tres están operativos. Esta situación no solo afecta la atención médica de los internos, sino que también incrementa la presión sobre los funcionarios, quienes deben lidiar con turnos extensos y guardias de 24 horas. La falta de médicos podría llevar a un colapso en los servicios de salud dentro del centro, lo que podría resultar en un aumento de altercados y situaciones de crisis.
### Demandas de Reconocimiento y Mejora de Condiciones
Durante la reunión con María Fernández y Vidina Espino, representantes de Coalición Canaria, los funcionarios de prisiones expusieron sus demandas de manera clara. Una de las principales exigencias es el reconocimiento como agentes de autoridad, lo que les proporcionaría una mayor protección legal ante las agresiones. Este reconocimiento es una práctica común en otros países europeos y se considera esencial para mejorar la seguridad en el entorno penitenciario.
María Fernández subrayó que las soluciones propuestas no requieren una inversión económica significativa, sino que se centran en la reorganización de los recursos existentes y la implementación de protocolos de actuación, especialmente en casos de agresiones sexuales a funcionarias. La falta de un protocolo específico para estas situaciones ha sido un punto crítico en la discusión, ya que se considera que la ausencia de medidas claras puede contribuir a un ambiente de trabajo hostil y peligroso.
Además, se ha planteado la necesidad de revisar la RPT para que refleje adecuadamente el número de internos y la carga de trabajo de los funcionarios. La propuesta incluye un aumento en el número de funcionarios por interno, lo que podría ayudar a mantener un ambiente más seguro y controlado dentro de las prisiones.
La situación actual en las prisiones de Canarias es un reflejo de un problema más amplio que afecta a todo el sistema penitenciario español. La falta de recursos, el aumento de la población reclusa y la creciente violencia son desafíos que requieren atención inmediata. Las demandas de los funcionarios no solo buscan mejorar sus condiciones laborales, sino también garantizar la seguridad de todos los involucrados en el sistema penitenciario, incluidos los internos.
La respuesta de las autoridades y la implementación de las medidas solicitadas serán cruciales para abordar estos problemas y asegurar un entorno más seguro y eficiente en las prisiones de Canarias. La situación actual no puede continuar, y es imperativo que se tomen medidas efectivas para proteger tanto a los funcionarios como a los internos, promoviendo así una reinserción más efectiva y una sociedad más segura.
