La reciente sentencia del Tribunal Supremo de España ha marcado un hito significativo en el ámbito del acceso a la información pública, especialmente en lo que respecta a los algoritmos utilizados en la administración pública. Este fallo, que obliga al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a facilitar el código fuente de su aplicación BOSCO, representa un avance crucial en la lucha por la transparencia y el derecho a la información. La decisión no solo afecta a la gestión del bono social eléctrico, sino que también establece un precedente para el uso de algoritmos y software en la administración pública, promoviendo un entorno más auditable y responsable.
### La Sentencia del Tribunal Supremo: Un Cambio Necesario
El Tribunal Supremo, en su resolución n.º 1119/2025, ha corregido la interpretación que hasta ahora había prevalecido en la administración pública, que limitaba el acceso a la información bajo el argumento de la propiedad intelectual. Esta interpretación había llevado a que solicitudes de acceso a códigos fuente y algoritmos fueran sistemáticamente denegadas, lo que generaba una falta de transparencia en la toma de decisiones que afectan a miles de ciudadanos. La sentencia del Supremo, sin embargo, consagra el derecho de acceso a la información pública como un derecho constitucional, lo que implica que los ciudadanos tienen el derecho a conocer los algoritmos que influyen en decisiones administrativas.
La aplicación BOSCO, utilizada para verificar si los solicitantes cumplen con los requisitos para recibir el bono social, había sido objeto de una solicitud de acceso por parte de la Fundación Ciudadana Civio en 2018. A pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concedió parte de la información solicitada, el acceso al código fuente fue negado, lo que llevó a Civio a interponer un recurso de casación. La decisión del Supremo no solo da la razón a Civio, sino que también establece un marco legal que podría influir en futuras solicitudes de acceso a información pública relacionada con algoritmos y software utilizados por la administración.
### Implicaciones para el Futuro de la Transparencia
La sentencia del Tribunal Supremo tiene implicaciones que van más allá del caso específico del bono social eléctrico. En un mundo cada vez más digitalizado, donde la inteligencia artificial y los algoritmos juegan un papel crucial en la gestión pública, la necesidad de transparencia se vuelve más apremiante. La decisión del Supremo refuerza la exigencia de que los algoritmos utilizados por la administración no sean considerados como «cajas negras», sino como herramientas que deben ser auditadas y sometidas al control democrático y judicial.
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha destacado la importancia de esta sentencia, señalando que abre una vía decisiva para garantizar que los ciudadanos puedan conocer y entender cómo se toman decisiones que les afectan directamente. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la automatización y el uso de algoritmos en la administración pública están en aumento. La falta de transparencia en estos procesos puede llevar a decisiones injustas o discriminatorias, afectando a los más vulnerables de la sociedad.
Además, esta resolución podría sentar un precedente para futuras legislaciones y políticas relacionadas con la transparencia en el uso de tecnología en la administración pública. A medida que más instituciones adopten soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia y la eficacia de sus servicios, la necesidad de garantizar que estas herramientas sean accesibles y auditables se vuelve fundamental. La ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se utilizan sus datos y cómo se toman las decisiones que les afectan, y esta sentencia del Supremo es un paso en la dirección correcta.
En resumen, la reciente decisión del Tribunal Supremo no solo representa un avance en el acceso a la información pública, sino que también establece un marco para la transparencia en el uso de algoritmos y software en la administración pública. Este cambio de paradigma es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa, donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información y participar activamente en la toma de decisiones que les afectan.
